CDMX a 27 de septiembre, 2024.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha decidido extender hasta el 30 de septiembre de 2026 el decreto que permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, comúnmente conocidos como “autos chocolate”. Este programa, que inició en 2022, busca que los propietarios de estos vehículos puedan registrarlos de manera legal y cumplir con los requisitos fiscales y normativos en México.
La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de septiembre de 2024, ha sido bien recibida por muchos, sobre todo en zonas fronterizas, donde estos autos son una opción más asequible para familias de menores ingresos. Sin embargo, ha generado una fuerte oposición entre los concesionarios de autos nuevos, quienes ven en esta extensión una amenaza para sus ventas y una competencia desleal.
Con más de 1.5 millones de autos regularizados desde el inicio del programa, el gobierno federal justifica la medida como una solución necesaria para dar certeza legal a los propietarios de estos vehículos que ya circulan en el país. Según las autoridades, la regularización mejora la seguridad vial al permitir que estos autos sean registrados formalmente y facilita que los propietarios cumplan con sus obligaciones fiscales.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ha expresado su preocupación respecto al impacto que esta medida tiene en la industria automotriz formal. Rosales asegura que la importación masiva de autos usados de Estados Unidos ha sido un factor importante en la desaceleración de ventas de vehículos nuevos, especialmente en el segmento de bajo costo.
Además, el sector automotriz advierte sobre las consecuencias ambientales y de seguridad que conlleva la importación de autos de baja calidad y altos niveles de contaminación. Según la AMDA, esta regularización fomenta el envejecimiento del parque vehicular mexicano, afectando tanto la competitividad del sector como la calidad del aire en el país.
Mientras los concesionarios de autos nuevos argumentan que la regularización de autos chocolate afecta la economía formal y pone en riesgo empleos, el gobierno de AMLO ha defendido el programa como una medida que apoya a las familias de menores recursos, brindándoles una oportunidad para legalizar los vehículos que ya poseen. Además, según el gobierno, la regularización contribuye a mejorar la trazabilidad de los autos y garantizar que los dueños cumplan con las normas fiscales.
La tensión entre el sector automotriz y el gobierno sigue en aumento, con el futuro de la industria y del medio ambiente como puntos clave en el debate sobre esta política.