AMLO exige a Piña agilizar resolución de casos fiscales en la SCJN
Editor web Maya Comunicación El presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado la presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al hacer pública una carta dirigida a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. En la misiva, López Obrador solicita que se acelere la resolución de dos casos críticos que involucran créditos fiscales a favor del Fisco Federal por supuestas omisiones de contribuciones en los ejercicios fiscales de 2008 y 2013.
Según el gobierno federal, estos casos, que han estado en litigio por más de una década, representan un monto total de 35 mil millones de pesos. A pesar de que los Tribunales Colegiados de Circuito ya han fallado a favor del Estado, la SCJN aún no ha resuelto los amparos directos en revisión, lo que ha llevado al presidente a calificar la situación como una «omisión» por parte del máximo tribunal.
En la carta, presentada públicamente, se subraya la preocupación del Ejecutivo sobre la tardanza en el trámite de los amparos, que fueron recibidos por la SCJN el 4 y 12 de julio de 2024. La misiva destaca que el retraso en la resolución de estos casos ha permitido que los recursos, que deberían estar disponibles para la Federación y el pueblo de México, sigan sin ser recuperados debido a la dilación en los procesos judiciales.
Texto de la Carta:
Por instrucciones del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nos dirigimos a usted con gran preocupación debido a la tardanza injustificada en turnar los Amparos Directos en Revisión con números 5654/2024 y 6321/2024, recibidos para su tramitación por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación en los días 4 y 12 de julio del año en curso respectivamente. A la fecha el área de trámite a su cargo ha sido omisa en resolver lo conducente.
Los citados asuntos corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de dieciséis y once años en litigio, respectivamente, además de haber cursado todas las instancias legales, que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos, recursos a los que la Federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder y que les han sido negados por un indebido abuso de los aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia, cuando por mandato constitucional deben ser prontos y expeditos.
Es imperioso señalar que la conducta dilatoria en la que incurre el área de trámite a cargo de su Presidencial, al no emitir pronunciamiento respecto de los asuntos citados, constituye una acción de ilegal protección a las conductas de defraudación fiscal de aquellos que reiterada y obscenamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas, cobijados en el intrincado andamiaje y actual del Poder Judicial de la Federación y es violatorio del artículo 17 constitucional.
Estos asuntos fueron ya tratados por un ministerio de esta Corte, quien demoró más de ocho meses para presentar su proyecto, asuntos sobre los cuales finalmente se resolvió que no reunían los requisitos para ser resueltos por la SCJN, por lo que se remitieron al tribunal colegiado de origen.
Contexto y Reacción
López Obrador ha mostrado una postura firme respecto a los casos de omisiones fiscales, enfatizando que la dilación en la resolución de estos asuntos no solo afecta las finanzas del Estado, sino que también compromete la confianza en el sistema judicial. La carta refleja una clara frustración del Ejecutivo con el ritmo del Poder Judicial, que considera incompatible con los principios constitucionales de pronta justicia.
Esta acción del presidente se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, reflejando un conflicto más amplio sobre la eficacia y la independencia del sistema judicial en México. La respuesta de la SCJN a esta petición podría tener implicaciones significativas para la relación entre los poderes del Estado y la percepción pública sobre la administración de justicia en el país.
