Por Juan Pablo Ojeda
En su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contundentemente en contra de las preocupaciones económicas que han surgido tras la reciente reforma al Poder Judicial. Según López Obrador, las afirmaciones de que la reforma podría desencadenar problemas económicos en México son “puras mentiras”.
Durante su intervención desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la economía mexicana se encuentra en excelente estado y refutó los temores de una posible devaluación del peso, fuga de capitales o disminución de inversiones extranjeras. “México está muy bien, su economía está muy bien”, enfatizó López Obrador.
El presidente argumentó que los inversionistas buscan un gobierno con “autoridad moral, política y respaldado por sus ciudadanos”. Aseguró que un gobierno democrático y sólido inspira confianza y que, debido a esto, la inversión sigue fluyendo en el país. En este contexto, destacó que es “muy probable” que el sexenio termine sin devaluación del peso, un logro que, según él, no se había visto en 50 años.
López Obrador también criticó a quienes, en su opinión, se dejan llevar por “el odio ideológico” y “el conservadurismo” en lugar de reconocer los avances del país. “¿Por qué no celebrar que estamos logrando algo positivo y entender que la mayoría de los mexicanos lo comprenden?”, cuestionó el presidente.
La reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada por el Senado, establece la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos sectores, incluyendo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que está en paro desde el 21 de agosto. La Jufed ha anunciado que llevará la disputa a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un esfuerzo por frenar la reforma.
Además, la reforma ha encendido alertas entre organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch, así como entre socios comerciales de México, como Estados Unidos. Las preocupaciones se centran en la posible intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, incluido el crimen organizado, en las futuras campañas electorales de los jueces.