Por Juan Pablo Ojeda
Este lunes 2 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió nuevamente en defensa de su Reforma al Poder Judicial, insistiendo en que es crucial limpiar el sistema judicial de corrupción, nepotismo e influencias indebidas que, según él, plagan a jueces, magistrados y ministros. En sus declaraciones, AMLO no solo defendió la necesidad de la reforma, sino que también criticó las decisiones judiciales recientes que han intentado frenar el avance de la iniciativa.
López Obrador cuestionó la lógica detrás de las órdenes de dos jueces —uno de Chiapas y otro de Morelos— que decidieron suspender la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados y el Senado. Además, rechazó la idea de que, si se aprueba la reforma, esta no pueda ser enviada a los Congresos estatales, como lo dictó un juez en Morelos. “¿Cómo es que no cualquiera puede ser juez? ¿Es más difícil ser juez que ser presidente? ¿Por qué los jueces no deben ser elegidos por el pueblo como los presidentes, gobernadores o presidentes municipales?” se preguntó AMLO en un tono desafiante.
El presidente minimizó la importancia de las decisiones judiciales que buscan paralizar el proceso, tildándolas de intentos de “detener el proceso legislativo” y acusando a los jueces de una “invasión arbitraria” a las competencias del Poder Legislativo. Según López Obrador, estas acciones vulneran la división de poderes y el equilibrio que debería existir entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En cuanto a la legalidad del proceso, AMLO aclaró que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reformas siempre que se obtenga el respaldo de las dos terceras partes del Congreso y la mayoría de las legislaturas locales. Es decir, el proceso sigue su curso siempre que se cumplan estos requisitos.
El presidente, fiel a su estilo, no ocultó su frustración y desdén por lo que considera intentos de frenar una reforma que él ve como esencial para modernizar y limpiar el sistema judicial del país. En su opinión, la reforma no solo es necesaria, sino que está respaldada por los mecanismos constitucionales adecuados para llevarse a cabo.
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