En medio de crecientes críticas y señalamientos sobre la posible implicación del Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó su posición en defensa de las fuerzas armadas durante su conferencia matutina de este lunes.
Ante los cuestionamientos sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa, donde se menciona la presunta participación de altos mandos del Ejército en el Batallón de Iguala, López Obrador declaró no contar con pruebas que sustenten tales acusaciones.
«Si hay pruebas contra el Ejército, actuaremos en consecuencia, pero hasta el día de hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército», enfatizó el mandatario.
El presidente señaló que, según los informes disponibles desde el sexenio pasado bajo Enrique Peña Nieto, no existen registros que indiquen la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. En cambio, mencionó la existencia de reuniones entre Peña Nieto y organizaciones que actualmente asesoran a los padres de los normalistas desaparecidos, como el Centro Prodh y Tlachinollan.
En respuesta a las demandas de transparencia de los padres, López Obrador se comprometió a proporcionar toda la información disponible y destacó que los expedientes relacionados con el caso Ayotzinapa, en posesión del Ejército, serán entregados si es necesario.
Si bien el presidente reconoció que el caso Ayotzinapa involucra responsabilidad estatal y que hubo omisión y asociación delictuosa por parte de autoridades, desestimó la noción de que «fue el Ejército» el responsable.
Durante la conferencia, López Obrador también mencionó el caso reciente del juez de Barandillas, quien solicitó asilo en Estados Unidos, un hecho que el gobierno mexicano impugnará. El presidente destacó que existen pruebas que contradicen las afirmaciones del juez sobre la participación de la policía en la desaparición de los estudiantes.
El presidente continúa bajo presión pública y críticas por la gestión y esclarecimiento del caso Ayotzinapa, un tema que sigue resonando como un punto crítico en la agenda de derechos humanos y justicia en México.