CDMX a 8 de noviembre, 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el Ejército mexicano se esté negando a dar información respecto al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014.
«Esto de que el Ejército no da información, no es cierto; el Ejército está ayudando en todo», sentenció el mandatario mexicano tras ser cuestionado sobre que las Fuerzas Armadas, supuestamente, no han colaborado en la investigación del caso de los jóvenes a pesar de que la participación de algunos de sus elementos está acreditada en la investigación hecha por el Gobierno de México.
Durante su conferencia de prensa de este 8 de noviembre, el presidente mexicano destacó que el origen del Ejército de dicho país latinoamericano es civil y se dio después de la lucha revolucionaria contra el mandato de Porfirio Díaz, quien ostentó el poder en México por 30 años.
«Así surge nuestro Ejército. Ya estoy escribiendo mi discurso del 20 de noviembre y voy a dar respuesta a muchas de estas cosas [señalamientos contra las Fuerzas Armadas]», dijo el mandatario.
López Obrador aseveró que «como en toda institución ha habido errores y manchas», pero pidió no olvidar que en esos casos «lamentables y cuestionables» obedecieron a órdenes de los entonces presidentes civiles.
«No es lo mismo el Ejército de Argentina, o el Ejército de Chile, o el Ejército de España, o el Ejército de Estados Unidos, que el Ejército de México. Entonces, este Ejército surge de un movimiento revolucionario y está vinculado al pueblo», sentenció.
El presidente aseveró que a diferencia de los cuerpos armados de otros países, el de México es leal a las instituciones.
«Es un Ejército leal a las instituciones, no es un Ejército golpista».
Recientemente el Gobierno mexicano ha sido cuestionado y criticado por la reformas en materia de Guardia Nacional, un cuerpo se seguridad que operó tres años como cuerpo civil, pero el cual pasó a manos de la Defensa Nacional.
Organizaciones no gubernamentales, colectivos de víctimas y académicos se dijeron en contra de esta medida al considerarla como una militarización de las labores de seguridad pública del país latinoamericano.