Por Juan Pablo Ojeda
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado que la reforma al Poder Judicial será publicada el próximo 15 de septiembre. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador celebró que la reforma ya ha sido aprobada en 18 Congresos estatales, cumpliendo así con uno de los requisitos esenciales para su implementación.
López Obrador explicó que, para que una reforma constitucional sea legal, necesita la aprobación de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado, así como el aval de al menos la mitad más uno de los Congresos locales. En este caso, la reforma ha superado ambas etapas, con 18 estados ya confirmando su apoyo.
“Ya en todos estos estados (18) ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los Congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de diputados, la de Senadores, con mayoría calificada más la mitad más uno de los estados”, indicó el mandatario. “Nada más falta la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima”, añadió.
El presidente subrayó que esta reforma reafirma el compromiso de México con una “auténtica democracia”, destacando la importancia de que el pueblo elija a sus representantes y servidores públicos. Según López Obrador, la reforma fortalece la democracia representativa y participativa en el país, alejando el poder de las élites y la oligarquía.
Aunque la reforma ya ha cumplido con los requisitos constitucionales, López Obrador indicó que esperará a que todos los Congresos estatales finalicen su proceso de aprobación. “Vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los Congresos locales”, precisó.
La reforma al Poder Judicial ha suscitado controversia y ha sido objeto de manifestaciones en algunas legislaturas locales por parte de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de Derecho. También ha generado preocupación entre organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch, y la Asociación Internacional de Abogados, así como entre socios comerciales de México como Estados Unidos. Las críticas se centran en el posible riesgo de intromisión del Ejecutivo y de grupos de interés, como el crimen organizado, en las futuras campañas electorales de jueces.
Con la publicación inminente de esta reforma, el debate sobre su impacto y sus implicaciones para la justicia en México continúa, mientras el presidente López Obrador mantiene su postura de que la reforma es un paso crucial hacia el fortalecimiento de la democracia en el país.