Por Bruno Cortés
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se prepara para concluir su mandato el 30 de septiembre de este año, adelantándose tres meses respecto a la tradición de finalizar en noviembre, establecida por sus predecesores. Esta modificación en la fecha de término del mandato presidencial es el resultado de una reforma político-electoral discutida y aprobada en 2014 durante la administración de Enrique Peña Nieto, que ajustó la duración de los periodos presidenciales a cinco años con nueve meses.
Esta anticipación inédita en la política mexicana ha generado diversas confusiones, dado que el 1 de diciembre se consideraba tradicionalmente como día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT), por coincidir con el traspaso presidencial. No obstante, López Obrador ha despejado cualquier especulación sobre sus intenciones de perpetuarse en el poder, afirmando en una conferencia en Baja California que no aspira a continuar en la vida pública nacional después de su retiro.
El sexenio de López Obrador ha estado marcado por retos significativos, particularmente en las áreas de seguridad y economía. Según el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), su administración ha sido testigo del periodo más violento en la historia reciente del país, con un aumento histórico en los homicidios y una profunda crisis de inseguridad. A pesar de reconocer el incremento de homicidios durante su gestión, AMLO ha atribuido las cifras a la herencia de problemas de administraciones anteriores.
En el plano económico, el crecimiento promedio anual del 0.8% en los primeros cinco años de gobierno se sitúa como el más bajo desde la presidencia de Miguel de la Madrid. Aunque se ha evitado una crisis económica y se ha logrado un modesto crecimiento, junto con un fortalecimiento del peso mexicano y un incremento en la inversión extranjera, las críticas apuntan a que algunas medidas adoptadas no serían sostenibles a largo plazo.
La situación del empleo, si bien no detallada explícitamente, se ve influenciada indirectamente por los desafíos en seguridad y economía, con potenciales efectos negativos en la inversión y la creación de empleo.
A medida que México se prepara para las elecciones presidenciales del 2 de junio y el traspaso de poder el 1 de octubre, el legado de López Obrador y los desafíos que enfrenta el país serán fundamentales en el debate público y la transición hacia la siguiente administración.