CDMX a 18 de abril, 2024.- En un desarrollo significativo en la política mexicana, el Senado ha aprobado la Ley de Amnistía, una medida aplaudida por la administración de AMLO como un paso crucial hacia la resolución de casos no resueltos y de gran trascendencia como el de Ayotzinapa. La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, destacó que esta ley es fundamental para romper el «pacto de silencio» que ha impedido avanzar en la localización de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
La ley, que fue aprobada con 67 votos a favor y 32 en contra, permite al presidente de la República otorgar amnistía directamente a individuos que proporcionen información crucial para esclarecer hechos importantes, lo que ha generado tanto aplausos como críticas. Mientras que la bancada de Morena y su líder en el Senado, Ricardo Monreal, la han descrito como una herramienta esencial para la justicia y la verdad, la oposición ha expresado preocupaciones sobre la posibilidad de que la ley proteja a criminales en lugar de a las víctimas.
Esta legislación llega en un contexto donde el gobierno de AMLO ha priorizado la resolución de casos de alto perfil como una parte central de su agenda de seguridad y justicia. Sin embargo, su implementación ha levantado cuestionamientos sobre el balance entre la obtención de información y la posibilidad de conceder impunidad a cambio.
Simultáneamente, Alcalde Luján también celebró la aprobación de reformas a la Ley de Amparo, diseñadas para evitar que jueces y magistrados puedan suspender normas y proyectos de infraestructura críticos para el gobierno. Esta reforma, según explicó, es crucial para asegurar la continuación de proyectos como el Tren Maya y el Aeropuerto de Santa Lucía, que han enfrentado múltiples obstáculos legales.
Ambas iniciativas ahora pasarán a la Cámara de Diputados para su discusión y posible ratificación. Este paso legislativo representa un momento definitorio para el gobierno de AMLO, que busca consolidar su visión de una «transformación» que aborde tanto la infraestructura física como los desafíos de justicia social.