Por Juan Pablo Ojeda
La Alianza In México, que reúne a plataformas digitales como DiDi, Rappi y Uber, hizo un llamado al Congreso de la Unión para abrir el diálogo sobre la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo. La propuesta, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca otorgar seguridad social a los repartidores de aplicaciones digitales, un sector que actualmente enfrenta diversas incertidumbres laborales.
En un comunicado, la Alianza In México solicitó que el Legislativo establezca un mecanismo de comunicación incluyente sobre el trabajo en plataformas digitales, con el objetivo de lograr una regulación de consenso social amplio. La organización subrayó la necesidad de realizar un análisis más profundo de varios aspectos clave, para garantizar que todos los participantes en el ecosistema digital—incluyendo repartidores, conductores y empresas—tengan claridad sobre sus derechos y responsabilidades.
Uno de los puntos destacados en su declaración fue la necesidad de aclarar el régimen fiscal aplicable al trabajo en plataformas y definir claramente los lineamientos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá seguir para implementar el programa piloto propuesto en la iniciativa. La Alianza In México también hizo hincapié en la importancia de preservar las oportunidades de ingresos para las personas que no tienen vehículos propios, pero que dependen de plataformas para prestar sus servicios.
La iniciativa presentada por Sheinbaum tiene como objetivo incluir a los repartidores y conductores de aplicaciones como Uber, Rappi y DiDi en el sistema de seguridad social del IMSS, un beneficio que podría extenderse a más de 658 mil personas. Los requisitos de la reforma exigen que los trabajadores tengan ingresos mensuales de al menos un salario mínimo (7,468 pesos), lo que les permitiría acceder a una serie de beneficios, como protección frente a riesgos laborales, seguros por accidentes y enfermedades, licencias de maternidad, guarderías y pensiones.
Con esta reforma, el gobierno busca dar un paso hacia la formalización de un sector que ha crecido significativamente en los últimos años, pero que aún carece de un marco legal claro para los trabajadores que dependen de estas plataformas digitales para su sustento.