En los últimos años, México ha sido testigo de un esfuerzo notable por recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, una promesa clave del gobierno actual. Desde 2018, este ingreso ha pasado de 88.36 pesos diarios a 278.80 pesos en 2025, un incremento superior al 114% en términos reales, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este avance refleja un compromiso con los trabajadores de menores ingresos, quienes históricamente han enfrentado condiciones precarias. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente alcanza para cubrir la canasta básica y las necesidades esenciales de una familia?
El aumento sostenido del salario mínimo, con ajustes anuales por encima de la inflación desde 2019 (16.2% en 2019, 20% en 2020, 15% en 2021, hasta el reciente 12% en 2025), ha sido celebrado como un logro político. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) destaca que este ingreso ahora cubre 1.73 veces la línea de pobreza por ingresos, un avance significativo frente a décadas de rezago. En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario asciende a 419.88 pesos diarios, el impacto es aún más evidente, beneficiando a millones de trabajadores formales.
A pesar de estos incrementos, la inflación sigue siendo un obstáculo persistente. En 2022, la tasa inflacionaria alcanzó el 7.82%, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos, quienes destinan hasta un 14% más de su presupuesto a alimentos, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La canasta básica, que incluye productos esenciales como tortillas, frijoles, arroz y huevo, ha visto incrementos que superan el ajuste salarial en algunos periodos. Por ejemplo, en enero de 2023, el costo de esta canasta en zonas urbanas llegó a 2,144 pesos por persona, lo que pone en jaque el poder adquisitivo de muchas familias.
Un análisis estatal revela disparidades marcadas en el costo de vida. En Chiapas, donde los precios de la canasta básica son más bajos (alrededor de 1,644 pesos mensuales en zonas rurales, según Coneval), un salario mínimo puede ser suficiente para una persona. En contraste, en ciudades como Monterrey o la Ciudad de México, una familia de cuatro personas requiere al menos 8,576 pesos mensuales solo para alimentación, según estimaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Esto significa que, incluso con dos salarios mínimos, muchas familias urbanas apenas cubren lo básico, dejando poco margen para vivienda, transporte o educación.
El gobierno ha implementado medidas complementarias para mitigar estos retos. La estabilidad de la canasta básica, con precios monitoreados por Profeco (765 pesos en algunas tiendas Chedraui en 2023), y el uso de bonos alimentarios han ayudado a aliviar la presión económica. Además, estudios como el de Campos y Esquivel (2020) sugieren que los aumentos salariales no han disparado la inflación, contrarrestando temores tradicionales y abriendo espacio para más ajustes sin desestabilizar la economía.
Otro aspecto positivo es la reducción de la pobreza laboral. Según Coneval, entre 2018 y 2022, 4.1 de los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza lo hicieron gracias a la recuperación del salario mínimo. Este dato subraya su impacto en el bienestar de los más vulnerables, especialmente en estados con alta informalidad como Oaxaca o Guerrero, donde el ingreso formal marca una diferencia tangible en la calidad de vida.
Sin embargo, el panorama no es uniforme. En estados con economías más dinámicas, como Nuevo León o Jalisco, el costo de vida crece más rápido que los salarios. Un informe de Data México (2023) indica que el salario mensual promedio es de 5,610 pesos, pero el costo de una “vida digna” supera los 16,421 pesos, según cálculos de Trabajos Mierda en 2024. Esto evidencia que, aunque el salario mínimo ha avanzado, sigue siendo insuficiente para una familia promedio sin ingresos adicionales.
En conclusión, los aumentos al salario mínimo en México son un paso firme hacia la justicia laboral, pero no una solución definitiva. La inflación y las diferencias regionales limitan su alcance, dejando a muchas familias en una lucha constante por satisfacer necesidades básicas. Para que este ingreso sea verdaderamente suficiente, se requieren políticas integrales que aborden el costo de vida, fortalezcan el mercado interno y garanticen que los beneficios lleguen a todos los rincones del país.
