Por Juan Pablo Ojeda
El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) ha presentado una denuncia penal contra su exesposa, Fabiola Yáñez, por los presuntos delitos de “violación de secreto” y “acceso ilegítimo” a su cuenta de Google, tras la reciente difusión de videos privados del exmandatario en medios de comunicación. La denuncia fue presentada ante los tribunales federales de Comodoro Py y ha generado una nueva ola de controversia en el ámbito político y judicial argentino.
Según informes de medios locales, Fernández alega que los videos, que contenían material íntimo y fueron filmados en la Casa Rosada, fueron extraídos de un teléfono de su propiedad que había sido regalado a su hijo de dos años con Yáñez. El expresidente ha señalado que su exesposa es la única persona con acceso a la información que ha sido divulgada, y considera que la difusión de estos videos es ilegal.
Yáñez, quien había denunciado previamente a Fernández por presunta violencia machista, había declarado en una entrevista televisiva que encontró los videos y fotos en el celular de su hijo. No obstante, Fernández argumenta que el hecho de que Yáñez tuviera acceso al dispositivo no le daba derecho a extraer ni publicar información privada. “Que mi hijo tenga el celular no habilita a la Sra. Yáñez a que extraiga información privada sobre mi persona y de terceros ajenos al proceso”, indica la denuncia.
Los videos en cuestión, que fueron divulgados por varios medios de comunicación argentinos, muestran a Fernández en conversaciones privadas con la presentadora de radio y televisión Tamara Pettinato. Según Fernández, los videos fueron grabados en un tono cordial y amistoso, sin ninguna implicación inapropiada. La publicación de estos videos ha generado un intenso revuelo en la sociedad argentina, coincidiendo con la denuncia de violencia de género presentada por Yáñez.
Fernández ha calificado la situación como una “campaña de desprestigio” y ha denunciado un “accionar direccionado” para “violentar” su intimidad y la de terceros a través de la difusión ilegal y descontextualizada de su información privada. El expresidente ha solicitado a la Justicia que ordene el cese de la publicación y reproducción del material sustraído.
El caso ha añadido una nueva dimensión a las tensiones entre Fernández y Yáñez. La semana pasada, el exmandatario fue imputado por presuntas lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por ocurrir en un contexto de violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja. El fiscal Ramiro González está previsto que escuche los primeros testimonios este jueves.
González, en su dictamen, ha descrito la relación entre Fernández y Yáñez como marcada por “hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas” en un contexto de violencia de género, con una relación de poder desbalanceada que se exacerbó con la elección de Fernández como presidente en 2019 y el ejercicio del cargo hasta diciembre pasado.