Por Bruno Cortés
El bienestar de las niñas, niños y adolescentes en México sigue siendo un tema clave para activistas, legisladores y, por supuesto, para las familias que buscan darles una vida más estable y digna. Recientemente, la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas, del partido Morena, se reunió con un grupo de expertas y activistas, entre ellas Sandra Gabriela Perusquia, presidenta de la organización Sin Cera Ser A.C., Ana María González Mendoza y Marisela Reyes Salazar, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El encuentro tuvo un propósito claro: proponer cambios importantes en las políticas de adopción y cuidados alternativos en el país.
La reunión, que buscó visibilizar una grave problemática, fue el escenario donde se plantearon propuestas clave para modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la Ley General de la Niñez, Niños y Adolescentes. A pesar de los avances que la legislación ha logrado en términos de derechos para los menores, las activistas señalaron vacíos importantes, sobre todo en lo que respecta a los niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados familiares.
Sandra Gabriela Perusquia destacó que la Ley General de la Niñez, aunque fue un gran paso hace diez años, no ha logrado definir adecuadamente los cuidados alternativos. «La adopción es el derecho máximo a la restitución a la vida en familia», explicó Perusquia, dejando claro que el concepto de «acogimiento familiar», que suele confundirse con la adopción, es diferente y debe ser temporal. Es decir, las familias de acogimiento no deben asumir un papel definitivo como padres adoptivos, sino más bien brindar un ambiente seguro y temporal hasta que se resuelva la situación del niño o adolescente.
Una de las principales propuestas fue establecer un sistema de cuidados alternativos a nivel nacional que no solo se base en la adopción, sino en una estructura completa que incluya desde el acogimiento residencial, como las casas hogar y centros de asistencia social, hasta el eventual retorno a las familias biológicas cuando sea posible. Esto, según Perusquia, se ha tratado de manera superficial durante años y es hora de darle una solución integral. Es un proceso largo y complejo que debe ser atendido con seriedad, especialmente en el contexto de la reintegración familiar.
Además, se hizo hincapié en que no se trata de eliminar los centros de acogimiento residencial, ya que en algunos casos los niños requieren la protección temporal del Estado. «Ningún país ha logrado una desinstitucionalización al 100%, y México no es la excepción», señaló Perusquia, explicando que, en algunos casos, estos centros deben seguir existiendo para brindar cuidado a los niños que no pueden estar en hogares de acogimiento familiar por razones de seguridad. Sin embargo, el sistema debe ser más eficiente, preparado y enfocado en la calidad del cuidado.
Por su parte, Ana María González Mendoza hizo un llamado a homologar las políticas en los 32 estados del país. Señaló que, si bien algunas entidades han avanzado en el fortalecimiento del sistema de acogimiento familiar, otras siguen muy rezagadas. Además, destacó que no se están registrando adecuadamente a todos los menores en el sistema de protección, lo que complica tener una visión clara de cuántos niños realmente están en instituciones y cuántos están siendo atendidos en familias de acogimiento.
A lo largo de la charla, se mencionó la necesidad de aumentar los recursos humanos en las procuradurías de protección, pues actualmente, un solo funcionario es responsable de gestionar varios casos de adopción al mismo tiempo, lo que genera retrasos en los trámites y un seguimiento inadecuado.
Finalmente, las activistas no solo hablaron de las deficiencias del sistema, sino también de la urgencia de proveer a los jóvenes que dejan el sistema de protección con las herramientas necesarias para vivir de forma independiente. A veces, al llegar a los 18 años, los jóvenes se ven obligados a abandonar los centros de acogimiento sin la preparación necesaria para afrontar la vida adulta. «El regalo de cumpleaños de muchos de estos jóvenes es la calle», comentó González Mendoza, subrayando la falta de programas que los apoyen en su transición hacia la independencia.
Este esfuerzo por reformar el sistema de adopción y cuidado alternativo en México no es un tema fácil, pero es urgente. La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas se mostró dispuesta a trabajar en estas propuestas junto a otros grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar un mejor futuro para los niños y adolescentes que necesitan de la protección del Estado. En un país con tantos desafíos sociales, cuidar de los más vulnerables debe ser una prioridad para todos.