Acción de inconstitucionalidad anunciada por Rubén Moreira sobre nuevo Fondo de Pensiones
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 17 de abril, 2024.- En un clima de creciente tensión política, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, anunció una inminente acción de inconstitucionalidad contra la reciente creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, aprobado por la Comisión de Seguridad Social, ha sido objeto de críticas por su presunta intención de expropiar los ahorros pensionales de los trabajadores mexicanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Moreira Valdez destacó que tanto su partido, el PRI, como el PAN y el PRD, han decidido unirse en oposición al dictamen, considerándolo una amenaza directa al patrimonio de los trabajadores. “Nos oponemos rotundamente a la expropiación de los bienes de los trabajadores, que están en sus cuentas bancarias y en las Afores», declaró el diputado durante una conferencia de prensa.
La propuesta del gobierno para establecer este fondo surge en un contexto de alertas sobre la suficiencia económica del país, con Moreira Valdez mencionando informes de Hacienda que sugieren una posible quiebra económica nacional. El gobierno parece buscar nuevas fuentes de financiamiento para asegurar las pensiones futuras, pero esta estrategia ha despertado preocupaciones sobre la estatización de los ahorros privados.
Además, el diputado hizo un llamado a los sindicatos y a las centrales obreras para que se unan en defensa de los derechos de los trabajadores y expresen su rechazo al dictamen. Este movimiento sugiere un posible enfrentamiento entre el gobierno y los grupos laborales, marcando un momento crítico para el futuro de las pensiones y la seguridad social en México.
La acción de inconstitucionalidad que se prepara tiene como objetivo detener lo que el PRI y sus aliados ven como un ataque a los derechos de propiedad y a la seguridad económica de millones de mexicanos. Este caso no solo definirá la legalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar, sino que también pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones democráticas en México en medio de preocupaciones económicas y sociales.
