Por Juan Pablo Ojeda
Un par de días después del fallido intento de arresto contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, sus abogados han denunciado que el operativo desplegado en la Ciudad de México carecía de la autorización adecuada. La situación ha generado un nuevo conflicto entre las autoridades de Chihuahua y las de la capital del país.
Denuncias y Alegaciones
El despacho Schutte y Delsol, que representa a Corral Jurado, ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que aseguran haber presentado denuncias contra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el fiscal anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín. Las denuncias incluyen cargos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones y privación ilegal de la libertad.
La noche del 14 de agosto, Corral Jurado se encontraba en un restaurante de la colonia Roma en la Ciudad de México cuando fue abordado por seis agentes de la Policía de Investigación de Chihuahua. Los agentes intentaban ejecutar una orden de aprehensión contra él por el delito de peculado. Sin embargo, el operativo fue interrumpido por Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y elementos de su corporación.
Intervención de las Autoridades Capitalinas
Según los abogados de Corral, la intervención de la FGJCDMX se debió a que el operativo de captura no contaba con los trámites necesarios para garantizar la colaboración entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y las autoridades capitalinas. Lara López argumentó que el mandamiento presentado por los agentes de Chihuahua, identificado como FGJCDMX/DGSSOJ/SCSOJ/7802/08-2024, no era una orden judicial válida para efectuar el arresto en la Ciudad de México, ya que la solicitud de colaboración aún estaba en proceso y no había una respuesta oficial.
En contraste, el fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, defendió la validez del mandamiento, indicando que este tenía las mismas características que otros documentos previamente cumplimentados en la capital.
Consecuencias y Reacciones
Tras la interrupción del arresto, las autoridades de Chihuahua declararon a Javier Corral como prófugo de la justicia, una afirmación que fue rechazada por su equipo legal. Los abogados de Corral subrayaron que el exgobernador no es prófugo y sigue ejerciendo plenamente sus derechos políticos.
Además, informaron que Corral obtuvo un amparo indirecto con una suspensión provisional que bloquea la orden de aprehensión en su contra. Esta suspensión se concedió debido al temor de Corral de que se intentara privarlo de su libertad nuevamente. Para garantizar su presencia ante la justicia, una jueza de distrito estableció una garantía económica de 120 mil pesos.
Conclusión
El conflicto entre las autoridades de Chihuahua y la FGJCDMX subraya la tensión en torno al caso de Javier Corral y plantea importantes preguntas sobre la coordinación entre diferentes niveles de gobierno en la ejecución de órdenes judiciales. Mientras tanto, el exgobernador sigue enfrentando un complejo escenario legal, con su equipo legal luchando para proteger sus derechos y evitar una nueva tentativa de arresto.