La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, ha sido señalada en recientes investigaciones tras supuestos vínculos con la empresa Big Force Academy, relacionada con el Rancho Izaguirre, presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este rancho, situado en Teuchitlán, Jalisco, ha sido identificado como un campo de adiestramiento en donde se habrían realizado actividades ilícitas, evidenciando la crisis de desapariciones que enfrenta el país y la posible complicidad de funcionarios públicos.

Según el periodista Héctor de Mauleón, López habría impulsado un programa que ofrecía capacitación laboral a jornaleros guerrerenses, prometiéndoles oportunidades de trabajo en Estados Unidos mediante visas H-2A. Sin embargo, testimonios recientes indican que estos trabajadores habrían sido trasladados al Rancho Izaguirre bajo condiciones cuestionables, lo que ha generado serias dudas sobre la participación de la alcaldesa y su equipo en este proceso.

La administración municipal de Acapulco ha negado cualquier tipo de relación con Big Force Academy y ha eliminado publicaciones que podrían vincularlos al caso. En un comunicado oficial, el gobierno municipal aseguró que su participación en programas externos se limita a la difusión de información y la facilitación de espacios, sin intervenir en su ejecución o operación. Sin embargo, estas declaraciones no han logrado disipar las sospechas que recaen sobre López.

Por su parte, Big Force Academy también ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de «falsas y dolosas». La empresa señaló que vincularlos con actos ilegales es perjudicial y genera temor en quienes desean acceder a sus servicios de manera legítima. Estas declaraciones han añadido más confusión al caso, mientras los medios locales continúan publicando nuevas evidencias y testimonios.

Este escándalo ha puesto en el centro de atención la posible conexión entre autoridades locales y redes de tráfico laboral asociadas a grupos criminales. Además, se ha convertido en un ejemplo de las estrategias que utiliza el crimen organizado para infiltrarse en programas gubernamentales y explotar a ciudadanos vulnerables. La Fiscalía de Guerrero ha iniciado investigaciones para esclarecer los hechos, aunque hasta ahora los resultados no han sido concluyentes.

La incertidumbre sigue creciendo, y la opinión pública exige explicaciones claras por parte de las autoridades y la empresa involucrada. Este caso subraya la necesidad urgente de fortalecer las medidas de supervisión y transparencia en los programas laborales, especialmente aquellos que prometen llevar a trabajadores mexicanos al extranjero en busca de mejores oportunidades.