CDMX a 15 de noviembre de 2024.- En un esfuerzo por hacer más accesible la vivienda para las familias de menores recursos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente una proposición para recomendar al titular de la Secretaría de Vivienda local, Inti Muñoz Santini, la implementación de esquemas que exenten el pago de derechos por la compra de terrenos destinados a la construcción de vivienda de interés social.
La propuesta fue presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, quien destacó la necesidad urgente de relanzar la política habitacional en favor de los sectores más vulnerables. «La producción social de vivienda y el poder popular deben ser la clave de esta nueva etapa», subrayó el legislador.
Villanueva Albarrán argumentó que uno de los principales problemas en torno a la vivienda es su transformación en una mercancía cuyo costo ha llegado a niveles inalcanzables para muchas familias. Según datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, el costo promedio de una vivienda en 2005 era de 500 mil pesos, mientras que en 2023 ese precio se disparó a 2.2 millones de pesos.
En su intervención, el diputado también destacó que, durante el primer trimestre de 2024, los precios de la vivienda aumentaron en promedio un 9.7% a nivel nacional, mientras que en la Ciudad de México el incremento fue del 6.2%. En cuanto al costo del suelo, señaló que este ha seguido una tendencia alcista, encareciendo aún más el acceso a terrenos para la construcción de viviendas populares.
Como parte de su propuesta, Villanueva Albarrán explicó que los costos que deben pagar los desarrolladores para que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) revise la viabilidad de un terreno pueden alcanzar hasta 62 mil pesos, como ocurrió en la Alcaldía Álvaro Obregón. La sugerencia es que estos pagos solo se realicen una vez que se tenga la certeza de que el predio será destinado efectivamente a la construcción de viviendas para sectores de bajos recursos.
Con esta propuesta, se busca aliviar la carga económica para los desarrolladores y promover la construcción de más viviendas accesibles, dando así un paso más hacia la solución de la crisis habitacional que afecta a muchas familias en la capital del país.