Por Bruno Cortés
Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes de la Torre y Patricia Mercado Castro, han lanzado una propuesta clave que busca enfrentar uno de los problemas más persistentes en el mundo laboral: la brecha salarial de género. Esta iniciativa de reformas pretende cambiar la forma en que se percibe y se regula la desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres, un tema que sigue generando gran preocupación en la sociedad.
El corazón de la propuesta está en la idea de que las personas trabajadoras, sin importar su género, deben recibir el mismo salario por un trabajo igual o de igual valor. Para lograrlo, las diputadas proponen reformas a varias leyes federales, entre ellas las del Trabajo, para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y las de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras. Lo que buscan es crear un marco legal más justo que no permita ningún tipo de discriminación, ya sea por sexo, edad, cultura, estado de salud, orientación sexual o cualquier otro factor.
En su propuesta, las diputadas también sugieren sustituir el término «trabajador» por “persona trabajadora”, lo que refleja un cambio en el enfoque de la legislación hacia la igualdad de género y la inclusión de todas las personas que desempeñan un trabajo, independientemente de sus características personales. Este cambio es un paso importante hacia la igualdad, pues reconoce la diversidad de quienes forman la fuerza laboral del país.
La iniciativa no se limita solo a prohibir la brecha salarial, sino que también establece mecanismos para que las personas puedan exigir sus derechos y reparar el daño en caso de que se vean afectadas por una discriminación salarial. Según la propuesta, cualquier práctica o decisión que cause diferencias salariales por razones de género, etnia, edad u otros factores será ilegal. Esto incluye, por ejemplo, la discriminación al preguntar el historial salarial de una persona o al pagar un salario menor por el mismo trabajo.
Uno de los puntos clave es la inclusión del principio de igualdad sustantiva, que va más allá de la igualdad formal y promueve una verdadera equidad en el acceso a derechos laborales. Las diputadas también proponen que las empresas estén obligadas a mantener un registro público y actualizado sobre su compromiso con la igualdad salarial y la no discriminación. Además, las cámaras empresariales deberán fomentar el empoderamiento y las oportunidades de negocio para mujeres, promoviendo la igualdad laboral y salarial entre ambos géneros.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también juega un papel importante en esta iniciativa, ya que se le otorgan facultades para identificar y reportar posibles violaciones a la igualdad salarial por discriminación de género. Esto podría ser un cambio significativo, ya que permitiría una mayor supervisión y control de las prácticas laborales en el país.
La exposición de motivos detrás de esta iniciativa señala que, a pesar de los avances en derechos laborales y en la lucha por la igualdad de género, las estructuras de desigualdad siguen presentes. La brecha salarial de género sigue siendo un tema candente, pues, a pesar de que las mujeres realizan trabajos de igual valor que los hombres, sus salarios son más bajos. Esto ha generado una creciente desprotección y precarización de las mujeres en el ámbito laboral.
Esta propuesta no solo es un llamado a mejorar las condiciones laborales de las mujeres, sino también a eliminar las barreras culturales, sociales y políticas que perpetúan las desigualdades. Las diputadas creen que este es el momento de dar un paso firme hacia una sociedad más justa, donde las personas trabajadoras puedan disfrutar de las mismas oportunidades y derechos, sin importar su género. La lucha por la igualdad salarial es, sin duda, uno de los grandes retos que enfrenta el país en la actualidad.