Por Juan Pablo Ojeda
El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, presentó una propuesta para modificar el acuerdo aprobado por el Senado de la República sobre el plazo para que las personas juzgadoras puedan declinar su participación en la elección judicial programada para 2025. En su proyecto, Rodríguez Mondragón argumenta que la Cámara Alta no tiene las facultades para regular la situación administrativa de los jueces, ministros y magistrados, ya que esa función le corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.
La propuesta también busca ampliar el plazo que los jueces, ministros y magistrados tendrán para decidir si participarán o no en la elección judicial que se celebrará el próximo año. Según el proyecto presentado, la modalidad única de presentación física de escritos para registrarse obstaculiza de manera injustificada el ejercicio de los derechos de los aspirantes.
En su propuesta, Rodríguez Mondragón critica la limitación de permitir únicamente la presentación física de los escritos, señalando que esta modalidad es innecesariamente restrictiva y contraria al principio de accesibilidad de los derechos de las personas juzgadoras. En el proyecto de sentencia, también se destaca la necesidad de modernizar el proceso, adaptándolo a plataformas digitales para que los aspirantes puedan realizar sus registros de manera más eficiente.
De acuerdo con la información proporcionada por el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, hasta el momento se han registrado 1,809 aspirantes para participar en la elección extraordinaria de ministros, magistrados y jueces, programada para el 1 de junio de 2025. La convocatoria, emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, también especifica que los aspirantes podrán continuar registrándose hasta el próximo 24 de noviembre en el portal digital habilitado por el Senado, así como en la oficialía de partes de cualquiera de las cámaras del Congreso.
Implicaciones del Proyecto
La propuesta de Reyes Rodríguez Mondragón abre el debate sobre el papel del Senado en los procesos judiciales y la necesidad de una reforma para optimizar la elección judicial. Este cambio podría representar un paso hacia la modernización de los mecanismos judiciales, haciendo más accesible y transparente el registro de los aspirantes. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la autonomía de los poderes y la relación entre el Senado y el Consejo de la Judicatura Federal en la regulación del proceso.
El tema sigue siendo de alta relevancia, ya que la elección judicial de 2025 marcará el futuro de las instituciones judiciales del país. En este contexto, es importante seguir de cerca las reacciones de los actores políticos y judiciales, así como las posibles modificaciones que pudieran surgir del debate en el Congreso de la Unión.