En un proceso clave para el futuro de la justicia en la Ciudad de México, se registraron nueve aspirantes para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ). El Consejo Judicial Ciudadano (CJC) será el encargado de evaluar las candidaturas y aprobar a quienes cumplan con los requisitos establecidos, en una sesión programada para este martes.
Entre los nombres que destacan en la lista se encuentran Bertha María Alcalde Luján, Ulrich Richter Morales y Fernando Morales. Cada uno con perfiles sólidos en el ámbito legal y de seguridad, estos aspirantes presentan una amplia experiencia en el sector público y la justicia.
Bertha María Alcalde Luján es una figura destacada en el servicio público. Con una licenciatura en Derecho, ha ocupado cargos clave como directora del ISSSTE y secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, ha sido postulada para presidir el Instituto Nacional Electoral (INE) y como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que resalta su amplia trayectoria en el ámbito gubernamental.
Por otro lado, Ulrich Richter Morales es un abogado especializado en derecho penal, civil y amparo, con una carrera marcada por su activismo ciudadano. Ha sido consejero en la Procuraduría General de la República y ha patrocinado casos relevantes, como un amparo para el uso lúdico de la marihuana, lo que le ha conferido una notoriedad considerable en el ámbito legal.
Aunque el perfil de Fernando Morales no está tan detallado, su nombre resalta como uno de los principales aspirantes al cargo, mostrando que su trayectoria también cuenta con la relevancia necesaria para desempeñar funciones clave en la justicia capitalina.
Cabe destacar que Ulises Lara, actual encargado de la FGJ, no aparece en la lista de aspirantes, lo que genera expectación sobre la continuidad de su gestión en la Fiscalía.
El proceso de selección que llevará a cabo el CJC será fundamental para definir quién será la persona encargada de liderar la Fiscalía en un momento crucial para la capital mexicana, en el que las acciones legales y judiciales tendrán un impacto directo en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.