La empresa El Oso, dedicada a la producción de productos para el cuidado del calzado, ha detenido sus operaciones tras un conflicto legal por el predio donde operaba su planta principal. La disputa, que involucra a familiares de los dueños de la empresa y de las propietarias del inmueble, escaló hasta convertirse en un asunto judicial con acusaciones de desalojo ilegal, robo y privación de la libertad.

El conflicto tiene su origen en el contrato de arrendamiento del predio ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Las propietarias del inmueble, quienes son hermanas y familiares de los accionistas de El Oso, iniciaron un proceso judicial para recuperar la posesión del terreno. De acuerdo con Mario Alberto Cardona, abogado de la empresa, la diligencia de desalojo se llevó a cabo con “actos de rapiña, robo y privaciones de la libertad”.

El litigio ha llevado a la empresa a paralizar sus actividades, afectando a sus más de 150 empleados, muchos de ellos adultos mayores y personas con discapacidad. Denuncias de irregularidades señalan que el desalojo del inmueble se llevó a cabo con la participación de aproximadamente 150 cargadores, 12 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y un actuario, según testigos. La empresa asegura que hubo saqueo de maquinaria, documentos y efectivo, generando pérdidas estimadas en más de 20 millones de pesos.

“Para una diligencia de este tipo, la seguridad fue insuficiente. Teníamos más de 150 empleados en el lugar y solo 12 policías para controlar la situación. Fue un clima de inseguridad total”, denunció Cardona.

El abogado también destacó la falta de información previa sobre la diligencia. “Tuvimos que hacer el esfuerzo, el área jurídica, para ver de dónde emanaba todo este tema. No hubo una identificación clara del actuario ni de las autoridades presentes”.

Además de las pérdidas materiales, la empresa señala que la abrupta interrupción de sus actividades ha generado un impacto económico significativo. “Al día de hoy llevamos un promedio de pérdidas de seis millones de pesos por la falta de producción y la necesidad de seguir pagando sueldos”, explicó el abogado.

El Oso ha anunciado que reanudará operaciones el 10 de febrero en una segunda planta ubicada en el área metropolitana, donde ya tiene presencia desde hace más de 40 años. Sin embargo, la empresa insiste en que busca una reparación del daño y la devolución de bienes que aún permanecen en el inmueble desalojado.

“Nosotros no estamos buscando regresar al predio, sino que se reparen los daños y se devuelva lo robado”, enfatizó Cardona.

El caso sigue su curso en tribunales, y la empresa ha interpuesto un juicio de amparo para revisar la actuación del juez que ordenó la diligencia. “Lo que buscamos es que se revisen las irregularidades del procedimiento. No se cumplieron con las formalidades esenciales, y esto derivó en actos de violencia y despojo”, concluyó el abogado.

El gobierno de la Ciudad de México no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto, mientras que la alcaldía Benito Juárez ha declarado que no tenía conocimiento previo de la diligencia.