Por Bruno Cortés
La diputada Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, no tuvo reparos en señalar lo que considera una práctica irresponsable por parte del oficialismo. En su reciente posicionamiento, aseguró que el uso de la “mayoría ficticia” por parte de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión está provocando excesos legislativos que agravan la situación de la población. Según Luna, esas reformas no solo son un retroceso para el país, sino que además violan derechos humanos, como lo confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su comunicado, la diputada hizo referencia a dos propuestas clave que se están discutiendo en la Cámara de Diputados: la reforma a la prisión preventiva oficiosa y los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Luna Ayala afirmó tajantemente que su bancada votará en contra de ambas, advirtiendo que estas iniciativas representan un “grave retroceso” para México, en línea con lo que ya había expresado la CIDH sobre la reforma al Poder Judicial.
Uno de los puntos más sensibles que el PAN destacó fue la ampliación de la prisión preventiva oficiosa. La diputada explicó que esta medida, que busca que más delitos ameriten detención preventiva, pone en riesgo los derechos de los mexicanos, sobre todo cuando se incluyen delitos como la evasión fiscal o la extorsión. Según Luna, esta reforma deja a los ciudadanos indefensos, pues delitos que pueden tener un trasfondo complejo, como las actividades de un contador o la presión sobre periodistas, podrían acabar con la libertad de muchas personas sin que existan pruebas claras de su culpabilidad.
Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública también levantó alarmas en el PAN. Luna subrayó que este cambio tiene un trasfondo peligroso: debilitar a los organismos autónomos del país, que son vistos como contrapesos institucionales del poder. Según la diputada, lo que el gobierno busca con esta reforma es preparar el terreno para eliminar estos organismos, lo que llevaría a un fortalecimiento del poder ejecutivo y un debilitamiento de las garantías ciudadanas. Ejemplificó este peligro con la posible desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia), diciendo que acabar con este tipo de instituciones sería como regresar a una “época del obscurantismo”, en la que los ciudadanos perderían el acceso a la información y los derechos a la transparencia.
En cuanto al Paquete Económico 2025, la diputada del PAN hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los recursos no se concentren únicamente en programas sociales clientelistas, como ha sucedido en los últimos años. Aunque reconoció la importancia de los programas sociales para el bienestar de los ciudadanos, insistió en que también se deben atender las necesidades más urgentes de la población, como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura. Para Luna, es vital que los recursos se distribuyan de manera equitativa, priorizando las áreas que impactan directamente en la calidad de vida de las personas.
Finalmente, la diputada no dejó pasar la oportunidad de criticar la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un nombramiento que, según Luna, responde a intereses políticos más que a un verdadero compromiso con la defensa de los derechos humanos. Para la coordinadora del PAN, Piedra Ibarra no ha cumplido con su labor de manera adecuada, y hoy la CNDH no es más que una “piedra” en el camino de la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Con estas declaraciones, el PAN deja claro que seguirá resistiendo las reformas del gobierno que considera regresivas para el país, especialmente en temas de justicia, derechos humanos y transparencia. La oposición se mantiene firme en su postura de rechazar medidas que, según ellos, solo buscan consolidar el poder del Ejecutivo y vulnerar las garantías fundamentales de la ciudadanía.