ONU-DH lamenta aprobación de Reforma sobre Prisión Preventiva: «Viola derechos humanos»
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
El pasado miércoles 13 de noviembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la polémica reforma sobre la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), una iniciativa propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año. La reforma busca ampliar el catálogo de delitos que ameritarían esta medida cautelar automática, es decir, la detención preventiva sin que medie un juicio previo. A pesar del respaldo del oficialismo, la medida ha generado fuertes críticas de la oposición, organismos internacionales y defensores de los derechos humanos.
Reforma que amplía el alcance de la PPO
La propuesta original de López Obrador incluía delitos como el contrabando, actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, extorsión, delitos vinculados al fentanilo y otras drogas sintéticas, defraudación fiscal y narcomenudeo. Sin embargo, durante el proceso legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, eliminó los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal de la lista antes de la votación.
La reforma fue respaldada por los legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), quienes argumentaron que la medida contribuiría a combatir delitos de alto impacto, como la extorsión y el tráfico de fentanilo, y protegería a los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, la oposición – integradas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano – criticó duramente la reforma, considerándola como un retroceso en los derechos humanos, que violaría principios fundamentales como la presunción de inocencia.
Críticas de la oposición y organismos internacionales
La principal objeción de la oposición se centra en la posibilidad de que la Prisión Preventiva Oficiosa se utilice como una «pena anticipada», afectando a aquellos que no tienen recursos para una defensa adecuada, o incluso como un mecanismo de represión política. Esta crítica se sumó a la preocupación de que la reforma podría contravenir tratados internacionales y principios constitucionales, que exigen que la detención preventiva se base en una evaluación individualizada y justificada, no en un dictamen automático.
Uno de los mayores pronunciamientos sobre la reforma llegó de parte de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que a través de un comunicado en redes sociales expresó su preocupación. La ONU-DH calificó la reforma como «perjudicial y regresiva», señalando que la detención automática violaría varios derechos humanos fundamentales, entre ellos:
- La presunción de inocencia
- El debido proceso
- El derecho a la integridad personal
- La independencia judicial
- El derecho a la libertad personal
- El derecho a la revisión judicial
- La igualdad ante la ley
La ONU-DH subrayó que la reforma no solo contraviene los principios fundamentales de los derechos humanos, sino que también desincentiva la investigación efectiva de los delitos y podría violar sentencias y recomendaciones internacionales a las que México está suscrito.
El Grupo de Trabajo de la ONU también se pronuncia
En su pronunciamiento, la ONU-DH recordó que en julio de este año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria emitió un informe tras su visita a México, en el que ya se había expresado su preocupación sobre la PPO. El informe destacó que esta medida constituía un castigo anticipado y podría derivar en detenciones arbitrarias, especialmente afectando a los sectores más pobres de la población, quienes tienen menos recursos para acceder a una defensa legal adecuada.
El grupo recomendó que México derogara la Prisión Preventiva Oficiosa de la Constitución, argumentando que debería eliminarse, pues su aplicación significaba una vulneración de los derechos humanos y un obstáculo para garantizar un juicio justo y equitativo.
El futuro de la reforma y las implicaciones legales
A pesar de las críticas, la reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados, lo que ahora la convierte en un tema central del debate legislativo. Se espera que la propuesta sea discutida en el Senado en los próximos días, y aunque la mayoría del partido oficialista respalda la medida, no está claro si la presión internacional y las críticas internas lograrán modificar algún aspecto de la reforma.
El debate sobre la Prisión Preventiva Oficiosa abre una vez más la discusión sobre la relación entre la seguridad pública y los derechos humanos en México. Mientras el gobierno federal sostiene que la medida es esencial para combatir la delincuencia organizada, organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición insisten en que esta reforma podría resultar en una peligrosa erosión de las libertades fundamentales.
