La reciente reforma judicial en México ha encendido las alarmas a nivel internacional, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido contundente en sus advertencias. Margaret L. Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, expresó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por los efectos de esta reforma, señalando que podría comprometer la independencia judicial y afectar el derecho al acceso a la justicia de los ciudadanos.
Durante la audiencia celebrada el 11 de noviembre, Satterthwaite subrayó que la independencia judicial es un derecho fundamental del pueblo, no un privilegio de los jueces. “El acceso a la justicia se ve afectado cuando las personas no pueden confiar en la imparcialidad del sistema judicial,” declaró la relatora. En su intervención, recordó que uno de los principales roles de un poder judicial independiente es proteger los derechos humanos y controlar cualquier uso excesivo del poder.
La relatora de la ONU criticó el cambio en el procedimiento de nombramiento de jueces en México, que ahora se basará en elecciones populares. Aunque el derecho internacional no exige un proceso específico para seleccionar jueces, Satterthwaite advirtió que las elecciones populares podrían politizar el sistema judicial y comprometer su imparcialidad. “Este método de elección puede hacer que los jueces busquen complacer a los votantes o líderes políticos, en lugar de actuar basándose en principios legales,” explicó.
Satterthwaite también señaló que la falta de un mecanismo independiente para evaluar las calificaciones e integridad de los candidatos, ahora en manos del Senado, representa un riesgo para la objetividad del proceso, dado que este órgano es eminentemente político.
Otro punto alarmante de la reforma es la destitución anticipada de jueces que no participen o no ganen en las elecciones populares. La relatora señaló que esta medida viola estándares internacionales que prohíben la remoción arbitraria de jueces, lo cual podría debilitar su seguridad en el cargo y la independencia del sistema judicial. “La destitución abrupta de jueces podría retrasar la justicia y afectar el derecho de los ciudadanos a un juicio justo,” afirmó Satterthwaite, destacando el impacto negativo en la confianza pública.
Satterthwaite enfatizó que los jueces tienen la misión de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos humanos. Al depender del voto popular, los jueces podrían enfrentarse a presiones para adoptar posturas complacientes, sacrificando la imparcialidad en sus decisiones. “La independencia de los jueces es fundamental para una democracia. Sin ella, la protección de los derechos humanos y la confianza en el sistema de justicia se debilitan,” concluyó.