Por Juan Pablo Ojeda
Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, reafirmó este jueves que la solicitud de extradición de Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, sigue en pie. Sin embargo, Gertz Manero señaló que, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han respondido a la solicitud enviada por México.
En una conferencia de prensa, el fiscal explicó que las órdenes de aprehensión contra García Luna están vigentes y en espera de cumplirse. Estas órdenes se han mantenido en el marco de una serie de investigaciones sobre las presuntas actividades ilícitas del exfuncionario, quien está vinculado a varios casos de corrupción y narcotráfico durante su tiempo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Gertz Manero detalló que no solo se trata del caso «Rápido y Furioso», sino de otras conductas ilegales relacionadas con su mandato.
«Tenemos una serie de órdenes de aprehensión en contra de esa persona y tenemos la solicitud de extradición que es obligatoria para nosotros», subrayó el fiscal, señalando que las autoridades estadounidenses están al tanto de las órdenes y procederán conforme lo permita su sistema judicial. Sin embargo, la extradición dependerá de que las autoridades de EE. UU. decidan cuándo es el momento adecuado para llevar a cabo el proceso.
Por otro lado, Gertz Manero descartó que se esté investigando a García Luna por el supuesto secuestro de 30 empresarios judíos mexicanos, en el que se habría visto involucrado con un mando policial. Aclaró que no existe una carpeta de investigación formal sobre este caso, debido a la falta de denuncias y pruebas suficientes.
Gerardo García Luna, conocido por su vinculación con el narcotráfico, fue declarado culpable el pasado 16 de octubre en EE. UU., donde recibió una sentencia de 38 años y 8 meses de prisión. Durante el juicio, varios testigos, incluidos miembros del crimen organizado, testificaron que el exfuncionario aceptó sobornos para facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012. Se le acusó de conspiración de narcotráfico, pertenencia a una organización criminal y otros cargos relacionados con la corrupción.
La condena de García Luna cierra un largo proceso judicial que comenzó en 2019 y representa un capítulo más en el combate internacional al narcotráfico y la corrupción dentro de las instituciones de seguridad pública.