Por Juan Pablo Ojeda
Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha iniciado una nueva consulta entre los ministros sobre la viabilidad de una controversia presentada por magistrados y jueces que buscan suspender la reciente reforma judicial promulgada el pasado domingo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con información de El Universal, el asunto ha sido turnado de urgencia al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien será responsable de elaborar un proyecto que será sometido ante el Pleno de la Corte. En el acuerdo emitido, se establece que se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia, conforme al artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta consulta abordará tanto el cumplimiento de las formalidades legislativas como el contenido material de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la mandataria electa Claudia Sheinbaum como testigo de honor, publicó el decreto de la reforma judicial el domingo, cuyo eje central es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. En un video divulgado desde el Palacio Nacional, López Obrador enfatizó: “Voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial”.
La publicación de la reforma, que incluye 14 modificaciones, seis adiciones y tres derogaciones a 23 artículos de la Constitución, se dio en un contexto de oposición por parte de trabajadores del Poder Judicial. Al menos 1,200 jueces y magistrados han expresado su intención de frenar esta reforma a través de instancias tanto nacionales como internacionales.
La situación se encuentra en un punto crítico, ya que la SCJN deberá evaluar la legalidad de las reformas y su impacto en el sistema judicial mexicano. La controversia se plantea no solo como un desafío a la administración de AMLO, sino también como una prueba de las dinámicas de poder en el ámbito judicial.