Querétaro a 30 de octubre, 2024.- La Fiscalía de Querétaro ha decidido no ejercer acción penal contra Esmeralda, una adolescente de 14 años acusada de homicidio doloso luego de sufrir un aborto espontáneo. La decisión, resultado de un acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y orden presidencial, pone fin a un proceso que buscaba sentenciarla a tres años de cárcel.
El caso de Esmeralda: abuso y criminalización
Esmeralda, quien fue víctima de abuso sexual, enfrentaba cargos de homicidio y se le exigía reparar el “daño” a su agresor. La Fiscalía, bajo la dirección de Víctor Antonio de Jesús, explicó que la investigación y judicialización del caso fue iniciada en la administración anterior, y que, tras evaluar la situación y en aras de evitar una vulneración mayor de sus derechos, se decidió desistir del proceso.
Acuerdos clave para proteger a Esmeralda y capacitar a la Fiscalía
La fiscalía, junto con Inmujeres, alcanzó cuatro acuerdos adicionales:
- Apoyo integral a Esmeralda: Tanto el gobierno federal como el estatal proporcionarán acompañamiento psicológico, jurídico y social a la menor, priorizando su recuperación y bienestar.
- Capacitación en perspectiva de género: Se firmará un convenio para que el personal de la Fiscalía reciba capacitación en género, evitando futuros casos de criminalización injusta de víctimas.
- Responsabilidades internas: Se notificará al Órgano Interno de Control para investigar a los funcionarios responsables de posibles errores u omisiones en el manejo del caso.
- Reforma para despenalizar el aborto: La Fiscalía ha exhortado al Congreso local a considerar la despenalización del aborto en Querétaro.
- Reforma urgente: el debate en Querétaro sobre la despenalización del aborto
El caso de Esmeralda ha reavivado el debate sobre el aborto en Querétaro, destacando la necesidad de una legislación que proteja los derechos de las mujeres y niñas en situaciones de abuso y emergencias médicas. La diputada Citlalli Hernández enfatizó la importancia de las reformas para que casos como el de Esmeralda no se repitan, instando a que los derechos de las víctimas sean la prioridad en el sistema judicial del estado.
Este caso es un recordatorio del papel que juegan las autoridades en la protección de las víctimas, y la decisión de desistir del proceso es un paso importante hacia una justicia que no revictimice a quienes ya han sufrido violencia.