CDMX a 30 de octubre de 2024. En una sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de la Ciudad de México lanzó un contundente llamado al Poder Judicial de la Federación, instando a su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, a asegurar la imparcialidad en los procesos judiciales que involucran a TV Azteca. Este pronunciamiento surge en medio de la creciente preocupación por el impacto que la deuda millonaria de la televisoras tiene sobre el erario público y la justicia en el país.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, del partido MORENA, subrayó la gravedad de la situación al recordar que TV Azteca enfrenta una deuda superior a los 30 mil millones de pesos con el fisco, la cual no ha sido saldada desde 2021. “Este agravio no solo afecta al Estado, sino a todos los mexicanos que cumplen con sus obligaciones fiscales”, enfatizó.
Desde 2017, la empresa ha evadido su responsabilidad financiera tras emitir 400 millones de dólares en títulos de deuda. Esto ha llevado a fondos de inversión estadounidenses a demandar a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que la falta de acción del sistema judicial favorece a TV Azteca y malinterpreta la justicia.
Bravo Espinosa alertó sobre la posibilidad de que las decisiones del Poder Judicial se perciban como un intento de proteger intereses empresariales en detrimento de las finanzas públicas. En este contexto, la presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum, ha denunciado favoritismos hacia la televisora, lo que compromete la imagen del Estado y su capacidad de cumplir con sus obligaciones internacionales.
“Es esencial que el Estado mexicano no asuma las deudas de TV Azteca, ya que esta responsabilidad recae exclusivamente en la empresa y sus propietarios. No podemos permitir que los recursos públicos sean utilizados para cubrir decisiones empresariales cuestionables”, agregó la legisladora.
Finalmente, el Congreso instó al Poder Judicial a actuar conforme a los principios constitucionales y evitar cualquier acción que se pueda interpretar como favorecimiento hacia TV Azteca en el arbitraje relacionado con sus acreedores internacionales. La resolución reafirma que la justicia debe prevalecer, y que el Estado no debe ser un salvavidas para aquellos que no cumplen con sus compromisos financieros.