México se encuentra en medio de un arbitraje internacional iniciado por las firmas estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, que reclaman una indemnización de 220 millones de dólares, argumentando que sus derechos como inversionistas han sido vulnerados debido a medidas cautelares impuestas en favor de TV Azteca en un proceso judicial en México. Este conflicto tiene sus raíces en la deuda de 400 millones de dólares en bonos adquiridos por estas empresas a través de filiales en las Islas Caimán, emitidos por TV Azteca y que no fueron pagados en tiempo.
El origen de la controversia: Deuda de TV Azteca y medidas cautelares
Desde 2022, varios acreedores de TV Azteca, incluyendo a Cyrus y Contrarian, iniciaron procesos legales en Estados Unidos para exigir el pago de la deuda derivada de los bonos adquiridos. Paralelamente, TV Azteca emprendió un juicio mercantil contra el Bank of New York en la Ciudad de México, logrando una medida cautelar que suspendió temporalmente el cobro de los adeudos. Esta medida, según los demandantes, ha afectado sus inversiones y representa una «denegación de justicia» que, a su juicio, incumple el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Las firmas Cyrus y Contrarian sostienen que la medida cautelar emitida en México ha perjudicado sus derechos y buscan que México, a través del arbitraje internacional, asuma la responsabilidad por lo que consideran una intervención estatal desfavorable a sus intereses como inversionistas. El arbitraje, administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, pone a México en la posición de demostrar que la controversia entre TV Azteca y sus acreedores no es imputable al Estado.
El 4 de junio de 2024, México, representado por la Secretaría de Economía, presentó su Memorial de Objeción a la Jurisdicción, argumentando que Cyrus y Contrarian no tienen legitimidad para demandar al Estado mexicano, ya que su situación no cumple con los requisitos estipulados en el Anexo 14-C del T-MEC y en el TLCAN. La defensa mexicana busca desestimar el caso argumentando que las acciones judiciales de TV Azteca y sus acreedores son de carácter privado y que el Estado mexicano no es responsable de esta disputa.
El CIADI, que forma parte del Banco Mundial, administra el arbitraje entre México y las firmas Cyrus y Contrarian, actuando como intermediario y proporcionando servicios de interpretación y comunicación entre las partes y el tribunal. Este organismo internacional juega un rol clave en el proceso, ya que permite que inversionistas extranjeros presenten sus reclamos contra estados en situaciones donde consideran que se han vulnerado sus derechos.
Este arbitraje se desarrolla en un contexto en el que México trabaja activamente en fortalecer la confianza de los inversionistas extranjeros. La Secretaría de Economía mantiene la defensa de los intereses del Estado, buscando demostrar que la controversia debe ser resuelta exclusivamente entre TV Azteca y sus acreedores, sin responsabilidad directa del gobierno mexicano.