Ciudad de México, 5 de noviembre de 2024 – Ante los elevados costos que enfrentan los usuarios de estacionamientos en centros comerciales y públicos en la capital, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y a las 16 alcaldías implementar mesas de trabajo para estudiar una tarifa única en estos espacios. Esta propuesta busca regular las tarifas y proteger a los ciudadanos de cobros excesivos en plazas, centros comerciales y zonas de alta afluencia.
La diputada Adriana Espinosa de los Monteros García, del partido MORENA, promovió esta iniciativa, argumentando que la falta de una tarifa unificada permite que los establecimientos fijen precios elevados sin justificación. Espinosa de los Monteros subrayó que muchos ciudadanos se ven obligados a pagar tarifas altas al visitar hospitales, cines, restaurantes y otros establecimientos donde, en la práctica, ya están contribuyendo indirectamente al costo del estacionamiento a través de los servicios que consumen.
La legisladora enfatizó que el aumento de quejas sobre cobros excesivos refleja una problemática cada vez más común en la capital. Según Espinosa de los Monteros, los centros comerciales deben ofrecer cajones de estacionamiento para mitigar la carga vehicular, como lo exige la legislación, y no para convertir estos espacios en una fuente adicional de ingresos.
Entre los lugares con las tarifas más elevadas mencionó a Centro Santa Fe, Town Center Rosario, Parque Tezontle, Perisur y Gran Sur, donde las tarifas superan los 30 pesos por hora. En el Centro Histórico, estacionarse en un espacio público puede costar entre 35 y 70 pesos por hora, afectando de manera directa el bolsillo de los ciudadanos que dependen de estos servicios para sus actividades diarias.
La propuesta incluye la creación de mesas de trabajo que, además de discutir la tarifa única, consideren la exención del cobro para usuarios de entrada rápida que permanezcan menos de 15 minutos, una medida que busca beneficiar a quienes solo requieren una breve estancia.
Esta regulación, de concretarse, sería un paso importante en la búsqueda de una movilidad más accesible y justa en la Ciudad de México, brindando un alivio económico a millones de ciudadanos y reduciendo el estrés que genera el elevado costo de los estacionamientos en una ciudad con complejas demandas de transporte y espacio.