Un guardia civil que publicó en Twitter un video acusando a menores migrantes de una supuesta agresión en un pueblo catalán, que realmente ocurrió en China, aceptó una pena de 15 meses de prisión, convirtiéndo esta en una de las primeras condenas por difundir noticias falsas o “fake news” contra un colectivo en España.
La defensa del acusado y la Fiscalía -que pedía inicialmente dos años de cárcel- llegaron a un acuerdo de conformidad este martes al poco de iniciarse el juicio en la Audiencia de Barcelona. El acusado ejerce como guardia civil en Cataluña, además de su encierro tuvo que aceptar el pago de 1.620 euros (aproximadamente 31 mil 875.61 pesos mexicanos) de multa.
¿Qué pasó?
Los hechos se remontan a julio de 2019, cuando el guardia , que tenía en su cuenta de la red social múltiples mensajes racistas y xenófobos, según la Fiscalía, publicó un tuit con un video de 45 segundos donde se veía a un hombre agredir brutalmente a una mujer hasta dejarla inconsciente e intentar quitarle la ropa.
En el texto que lo acompañaba, el acusado afirmaba: “Aquí tenéis el video del mena marroquí de Canet de Mar (Maresme), a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años, los niños de Pedrito Piscinas. Por cierto, luego para más inri viola, estos energúmenos y estas manadas de marroquís no saldrán en los medios”.
MENA es el acrónimo de “Menor Extranjero No Acompañado”, utilizado para referirse a los inmigrantes menores de edad que llegan solos a España.
Pero el video -que fue visualizado 21.900 veces- no correspondía a ninguna agresión ocurrida en este pueblo del litoral catalán, sino a unos hechos registrados en China y que nada tenían que ver con Canet de Mar, por lo que se denominó como “fake news”
“Con la difusión del citado texto y del impactante video el querellado pretendía, con manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva e indiscriminada entre todos los potenciales usuarios de la red social Twitter, asociar el contenido del video con una presunta violación ocurrida en la localidad de Canet de Mar”, consideró la Fiscalía, que le acusa de un delito contra los derechos fundamentales.
“Todo ello con el fin de difamar de forma global e injusta a los menores no acompañados procedentes de otros países”, agregó.
Ahora el tribunal deberá decidir en su sentencia si suspende el ingreso en prisión del acusado, lo que suele ser común en penas inferiores a dos años para personas sin antecedentes, siempre que no delinca nuevamente, mantenga clausurados todos sus perfiles discriminatorios en Twitter y no abra ninguno nuevo.
Algunos medios españoles informaron que la Audiencia de Barcelona tambien dictó “la inhabilitación por cinco años para ejercer profesión en el ámbito educativo, docente o del tiempo libre yel decomiso de sus cuentas en redes sociales, que ya han sido clausuradas por el mismo acusado”.
Tras el juicio, la Guardia Civil abrió un expediente disciplinario al agente, informaron fuentes del cuerpo.