Editor web Maya Comunicación 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado las reformas que transferían el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La decisión, que fue tomada con ocho votos a favor y tres en contra, supone un duro golpe para el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien había impulsado estas modificaciones.
Los magistrados de la SCJN argumentaron que la transferencia vulneraba el artículo 21 de la Constitución, que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil, disciplinado y profesional. Por lo tanto, los elementos de la Guardia Nacional tendrán que regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El ministro Juan Luis González Alcántara fue quien propuso la invalidación de la transferencia, y contó con el apoyo de otros ministros, como Luis María Aguilar, quien destacó que las autoridades de seguridad pública deben tener un carácter civil y que la formación y entrenamiento son elementos clave que diferencian a los cuerpos policiacos de los militares.
Los únicos tres ministros que estuvieron en contra de esta invalidez fueron Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, quienes argumentaron que los comandantes de la Guardia Nacional son quienes tienen el mando de este cuerpo de seguridad y no los militares.
Esta decisión de la SCJN es un revés para el gobierno de López Obrador, quien había promovido la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena como una medida para fortalecer la consolidación institucional de esta fuerza de seguridad. La oposición había criticado estas reformas, argumentando que representaban una militarización del país y que iban en contra de lo establecido en la Constitución.
La decisión de la SCJN es un recordatorio de la importancia del respeto a las instituciones y a la Constitución en México, y destaca la necesidad de que el gobierno trabaje en colaboración con la sociedad y los organismos independientes para abordar los desafíos de seguridad del país de manera efectiva y en consonancia con el marco legal vigente.
