La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028, según un fallo emitido el 29 de noviembre de 2022. El Alto Tribunal resolvió tres controversias constitucionales presentadas por los municipios de Colima, Colima; Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, y el estado de Michoacán, ratificando así el acuerdo.
La ministra Loretta Ortíz Ahlf, de la SCJN, afirmó que las Fuerzas Armadas complementarán a la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad federal, en el desempeño de sus funciones. Según Ortíz Ahlf, esto no contradice las atribuciones de los municipios o los estados, como el mando de la Policía Preventiva.
La presidente de la SCJN, Norma Piña Hernández, explicó que el objetivo de la Guardia Nacional es encargarse de la seguridad pública a nivel federal y, en caso necesario, colaborar temporalmente con las tareas de seguridad pública de los estados y municipios, de acuerdo con los convenios establecidos.
El acuerdo de la SCJN autoriza la participación de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, subordinada y complementaria en las labores de seguridad pública. Sin embargo, las autoridades locales argumentaron que este acuerdo invalida las facultades de los estados y municipios. La ministra Margarita Ríos Farjat, de la SCJN, señaló que el acuerdo no invade las competencias de los municipios y que la intervención de las Fuerzas Armadas se enmarca en la colaboración del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A pesar de los argumentos en contra, una mayoría de siete ministros de la SCJN respaldó el acuerdo que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Los críticos expresaron su preocupación por el amplio criterio y la falta de excepcionalidad en la participación de las Fuerzas Armadas, según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con esta decisión, las Fuerzas Armadas continuarán desempeñando un papel importante en la seguridad pública del país durante los próximos años, en colaboración con la Guardia Nacional y de acuerdo con las disposiciones establecidas por la SCJN.