Editor web Maya Comunicación 
El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue dado de alto la mañana de este miércoles 30 de noviembre, por lo que abandonó el hospital Belisario Domínguez para su posterior traslado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social de Tepepan, donde segurirá bajo tratamiento médico.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) informó que mejoró el estado de salud de Murillo Karam, acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia, por lo que fue puesto en reclusión de nueva cuenta en la Torre Médica de Tepepan.
El pasado 20 de octubre los médicos del Hospital Xoco decidieron que era necesario una intervención quirúrgica, por ello se le practicó de emergencia una cirugía edarterecotomia carotidea de alto riesgo, en el Instituto Nacional de Cardiología, donde se llegó a reportar en estado grave.
El 3 de noviembre nuevamente fue trasladado, en esta ocasión al hospital de especialidades Belisario Domínguez, donde siguió bajo tratamiento.
Por ahora se descarta su regreso al Reclusorio Norte, a donde fue ingresado en agosto pasado luego de su detención.
Debido al frágil estado de salud del ex funcionario, la defensa de Murillo Karam intentará de nueva cuenta que el juez cambie la medida cautelar de prisión preventiva, y para ello se encuentra recopilando los informes médicos.
El abogado defensor, Javier López García señaló que “desde que fue detenido, la defensa y su familia advertimos sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas a nuestro cliente: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sintética e insuficiencia vascular cerebral. Es un hombre que requiere monitoreo médico prácticamente las 24 horas. Necesita estar en tratamiento y vigilancia médica”.
El exfuncionario fue detenido el 19 de agosto, acusado de ser responsable en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.
Fue vinculado a proceso el 24 de agosto por decisión del juez Marco Antonio Fuerte Tapia, pese a que sus abogados argumentaron que el delito de desaparición forzada se había clasificado en 2017, mientras que la desaparición de los estudiantes ocurrió en 2014.
Sin embargo, el 28 de septiembre fue cancelada su vinculación a proceso por los tres delitos de los que es acusado. A pesar de esto no fue retirada la medida de prisión preventiva.
