El diputado federal de Movimiento Ciudadano, por Jalisco, Sergio Barrera presentó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución en el que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a investigar lo sucedido en Nuevo Laredo, Tamaulipas el pasado fin de semana.
El legislador, quién además es integrante de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara Baja, señaló a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, que si las Fuerzas Armadas estarán participando en tareas de seguridad pública, no pueden violar los derechos humanos de la ciudadanía y quedar impunes.
En su exposición de motivos el legislador apunta que, según un comunicado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), los seis jóvenes se dirigían a sus domicilios después de salir de un “antro”.
La camioneta en la que iban a bordo los seis jóvenes recibió más de 20 disparos. Existen varios videos que circulan en Redes Sociales, donde se puede observar cuando ciudadanos de Nuevo Laredo enfrentan a los militares, y estos accionan sus armas contra el suelo. En los videos que circulan también se aprecian camionetas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Desde la Bancada Naranja nos hemos pronunciado en muchas ocasiones, en contra de la militarización de la seguridad civil en lo particular y de la vida pública en general en nuestro país”, apuntó Barrera Sepúlveda.
“Hoy más que nunca —continúa el legislador— se hace vigente el terrible error que se cometió en esta soberanía cuando en 2018 el grupo mayoritario y sus aliados aprobaron la militarización de la vida pública de todos los mexicanos”.
Por lo anterior, en el punto de acuerdo, señala que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a hacer pública la información relativa al incidente en el que murieron cinco personas ocurrido entre militares y jóvenes el domingo 26 de febrero de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como cuales serán las medidas que se tomarán con relación a este suceso.
Asimismo, la Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, con base en sus atribuciones legales se garanticen las medidas de seguridad hacia las organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la protección de derechos humanos en el territorio nacional.