El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que la Cámara de Diputados cumplirá en tiempo y forma con el proceso de renovación de los cuatro consejeros del INE, que terminan su periodo en abril.
En ese sentido, indicó que la próxima semana se emitirán la nueva convocatoria como lo indicó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y se instalará el Comité Técnico de Evaluación.
“El proceso está salvaguardado y todo va a salir conforme los tiempos formas y conforme a la ley, la convocatoria tiene que ser antes del 15 de febrero, así que será la próxima semana. En esto hay consenso y repito la renovación de los consejeros del INE va a salir en tiempo y forma, de una manera completamente legal”, sentenció.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación, el líder parlamentario cuestionó que el TEPJF haya pretendido, mediante una sentencia, imponer a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que tome una decisión que, por ley, le corresponde al Pleno de la Cámara de Diputados.
“Para nosotros es lamentable, porque todas y todos nosotros, de todos los partidos le contestamos, a nuestro juicio, con sensatez al Tribunal y le dijimos no puedes tu, en una resolución, imponer a una Junta de Coordinación Política la decisión que se tiene que tomar por ley en el Pleno. No puede la Jucopo sustituir a 500 legisladoras y legisladores”, señaló.
Cuestionado sobre el juicio que se le sigue a Genaro García Luna en Estados Unidos, Romero Herrera sostuvo que hay que esperar a que haya una sentencia y esa facultad la tienen los jueces.
“El Estado de derecho en cualquier país, en este caso en Estados Unidos, debe proceder. Se pueden tener opiniones en un sentido o en otro, pero lo que importa son las certezas y las personas que tienen la facultad para determinar o no la culpabilidad son los jueces. Y esa esa es exactamente la conducta que uno tiene que asumir en todos los juicios”, subrayó.
Sostuvo que no se puede actuar de manera inquisitoria cuando un juicio es en contra de un adversario político, prejuzgar y decir que es un criminal maldito, como tampoco se puede decir algo cuando se trata de una persona que pudiera considerarse como aliado político.
Sobre el video que exhibe a dos colaboradores de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, recibiendo dinero, el panista apuntó que hay una prueba instrumental-científica, que dice mucho, pero se debe escuchar a las partes involucradas, y tiene que resolverlo un juez y se debe accionar el Estado de derecho.