JUCOPO de la CDMX deberá crear Comisión Especial de Seguimiento a presuntos actos de corrupción inmobiliaria

El Congreso local aprobó un exhorto a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado el pasado 10 de agosto de 2022 y emitir el acuerdo parlamentario para integrar la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones respecto a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de 2009 a la fecha.

Al crear esta comisión, se deberá especificar el objeto de la misma, el número de integrantes que la conformarán, su duración y competencia; además deberá realizar actividades propias del Poder Legislativo.

Lo anterior, con el objetivo de dar cauce institucional y orden al estudio de las deficiencias del orden jurídico que sean susceptibles de mejora, para tomar las medidas respectivas que eviten la repetición de las prácticas de corrupción en el desarrollo inmobiliario.

Al fundamentar su proposición, la diputada Martha Soledad Avila Ventura (MORENA) aseveró que el combate a la corrupción debe ser uno de los objetivos de las instituciones en la Ciudad de México, por lo que es indispensable la dotación de medidas legislativas, administrativas y judiciales sólidas que permitan desterrar de forma definitiva estas prácticas que dañan a la sociedad.

Sobre las actividades que deberá desempeñar la comisión, la legisladora señaló que “el tema de la procuración y administración de justicia corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial”, mientras que esta instancia deberá -posterior al estudio y análisis de los casos-, generar las iniciativas que reformen el marco jurídico local, los puntos de acuerdo que exhorten a diversas autoridades y citar a comparecer a los funcionarios “que cuenten con información valiosa sobre este asunto”.

Al hablar en contra del punto de acuerdo, la congresista Gabriela Salido Magos (PAN) consideró que se debe analizar el rumbo que está tomando la capital; al respecto recordó que su grupo parlamentario ha dado cuenta que se están utilizando a las dependencias para realizar una “persecución política”. En este sentido, dijo que existen denuncias inmobiliarias en todas las alcaldías en donde se involucra a personas legisladoras de otros partidos políticos diferentes a los de Acción Nacional.

Por su parte, la legisladora Marcela Fuente Castillo (MORENA) habló a favor del punto de acuerdo, al señalar que en medio de una crisis de vivienda que ha afectado a la ciudadanía, se considera que investigar las prácticas inmobiliarias es “persecución política”.