Gobierno de la Ciudad de México define la corrupción inmobiliaria como delito penal

CDMX a 17 de abril, 2024.- En un esfuerzo significativo para combatir la corrupción dentro del sector inmobiliario, el Gobierno de la Ciudad de México ha promulgado una reforma al Código Penal que define explícitamente la corrupción inmobiliaria como delito. Esta acción legislativa, liderada por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, busca sancionar severamente a los servidores públicos que faciliten o toleren construcciones irregulares, así como a aquellos que colaboren con redes conocidas como cárteles inmobiliarios.

La reforma se presentó tras un exhaustivo análisis y múltiples investigaciones que han expuesto cómo grupos organizados, como el denominado «cártel inmobiliario» en la Alcaldía Benito Juárez, se han beneficiado de actividades ilícitas en el sector de la construcción. La necesidad de esta reforma se acentuó con la revelación de que estos grupos han generado ingresos estimados en más de mil millones de pesos en los últimos 12 años, mediante la autorización ilegal de construcciones adicionales y la manipulación de permisos.

Ulises Lara López, en representación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detalló que la nueva legislación impone penas de 10 a 20 años de prisión para aquellos hallados culpables de corrupción inmobiliaria, con incrementos significativos si se derivan beneficios económicos directos. Además, la reforma establece que cualquier beneficio obtenido ilícitamente por funcionarios públicos o sus asociados será severamente sancionado.

Este endurecimiento de las leyes también facilitará a los fiscales y al sistema judicial la tarea de investigar y procesar a los implicados en estos crímenes. La intención es clara: detener la proliferación de construcciones ilegales que no solo comprometen la integridad de la infraestructura urbana sino que también impactan negativamente en la disponibilidad de servicios básicos como el agua y la seguridad de las edificaciones.

Durante el anuncio de la reforma, se presentaron ejemplos específicos de las prácticas corruptas, incluidos los testimonios de funcionarios que han aceptado su culpabilidad y han comenzado a reparar el daño causado, devolviendo propiedades valuadas en aproximadamente 100 millones de pesos.

Esta legislación no solo representa un avance en la lucha contra la corrupción inmobiliaria en la capital, sino que también es un paso adelante hacia una mayor transparencia y justicia en el manejo del desarrollo urbano y el uso del suelo en una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo.