CDMX a 26 de octubre de 2021.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional considerar “amenaza a la seguridad nacional” la defraudación fiscal y castigarla con prisión automática.

 

“Hace falta todavía lograr en otros poderes, como el Poder Judicial y la Corte, que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito, y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos. Esta sentencia refleja eso: va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y seguir apoyando a las minorías”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró el lunes por mayoría de ocho votos contra tres que es “inconstitucional” la aplicación de una pena de prisión “preventiva oficiosa”, es decir automática, los delitos de defraudación fiscal y uso de comprobantes fiscales falsos, aprobada el 8 de noviembre de 2019 por iniciativa del oficialismo.

 

El jefe del Ejecutivo dijo que “hay división e independencia entre los poderes, como no sucedía antes en décadas”.

 

 

Añadió que el fallo refleja que “los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad (…). esto ni sucedía antes”; sin embargo, el gobernante anunció que respetará el dictamen judicial.

 

 

Añadió que el fallo refleja que “los ministros de la Corte actúan con absoluta libertad (…). esto ni sucedía antes”; sin embargo, el gobernante anunció que respetará el dictamen judicial.

 

 

El presidente sostuvo que “por encima de la ley debe estar la justicia, todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan ellos mismos”.

 

 

 

El texto de la Suprema explica que “se invalidaron las normas que calificaban como amenaza para la seguridad nacional a los delitos de defraudación fiscal, contrabando y los relacionados con los comprobantes fiscales falsos, para los que se preveía prisión preventiva oficiosa”.

 

López Obrador estima que, con la decisión judicial, “no procede considera delitos graves de quienes cometen grandes fraudes fiscales, los que inventan y alteran facturas, y se hacen inmensamente ricos, porque se les afectan sus derechos humanos”.

 

Confió que en el futuro los jueces y magistrados “van a ser más sensibles y van a tener una dimensión social“.

 

El pleno de la Corte analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman) y legisldores opositores en el Senado.

 

 

La mayoría de magistrados decidió que tampoco es válido que sean “delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, en términos del Artículo 19 de la Constitución.

 

 

El máximo tribunal señala que los legisladores no están autorizados a ampliar el catálogo constitucional de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, automática.

 

 

 

Encarcelar de oficio a una persona “es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación” señala la Corte.

 

El dictamen indica que para aplicar esa excepción “es insuficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia”.

 

El bloque opositor en el Congreso se anotó así un triunfo que abre el camino a otras peticiones ante el máximo tribunal sobre leyes aprobadas por la actual mayoría oficialista.

 

 

Extracto de SputnikNews.

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