La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá un amparo interpuesto por Blanca Alicia Bernal Castilla, exfiscal en el caso Ayotzinapa y vinculada a proceso en 2020 por desaparición forzada, tortura, delitos contra la administración de justicia y falsificación de documentos.
El amparo indirecto en revisión contra la vinculación a proceso también señala que le fue aplicada la actual legislación en materia de desaparición forzada y no la que se encontraba vigente en 2014, año en que sucedieron los hechos. El asunto fue turnado a la ministra Norma Lucía Piña Hernández en mayo de 2022 con el número de expediente 237/2022 para la elaboración del proyecto.
Bernal Castilla fue acusada de falsificar el oficio del traslado de la Seido a Iguala, de Agustín García Reyes, presunto miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la declaración de García Reyes, durante su traslado fue torturado para declarar los hechos que formaron parte de la “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente se encuentra sujeto a proceso por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.
Esta impugnación fue utilizada como ejemplo por la defensa de Jesús Murillo Karam durante la audiencia de vinculación a proceso el pasado 24 de agosto, para que se le aplicara la legislación de 2014, razón por la que el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia determinó ajustar la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR).
El juez argumentó que la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, que presentó Jesús Murillo Karam, en 2015, fue construida a partir de tortura y manipulación de la escena del crimen, lo que obstaculizó el hallazgo de los 43 estudiantes de la normal de Iguala y perpetró la desaparición forzada de la que fueron víctimas y decretó prisión preventiva justificada, por lo que el exprocurador permanecerá en el Reclusorio Norte.