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En sesión ordinaria virtual, la Mesa Directiva del Congreso local informó al pleno de dos acuerdos de esta instancia en que se determina la no sanción de tres personas legisladoras, así como a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por carecer de las facultades legales para hacerlo y no existir una norma específica que establezca las sanciones respectivas.
El primero de los acuerdos se refiere a la sentencia TECDMX-PES/04712022, mediante la cual el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó dar vista al Órgano Legislativo de la Ciudad de México, a fin de que proceda a aplicar la sanción correspondiente a tres personas legisladoras.
El segundo acuerdo hace referencia a las vistas ordenadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes SRE-PSC-146/2022, SRE-PSC-177/2022, SRE-PSC-193/2022, SRE-PSC-202/2022, SRE-PSC-1/2023 y SRE-PSC-148/2022; y los diversos SRE-PSL-39/2022 y SRE-PSC-186/2022, en los que se determina la no sanción a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Al respecto, el diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) consideró un “desaseo parlamentario”, acordar que el Congreso local no tiene facultades para sancionar conductas ilegales de estos servidores públicos que violaron la ley electoral; y aseguró que estos acuerdos no le fueron notificados ni pasados a firma, a pesar de ser integrante de la Mesa Directiva, por lo que, dijo, no podía acompañarlos y pidió su retiro.
En el mismo sentido, la diputada Gabriela Salido Magos (PAN) afirmó no estar de acuerdo con el procedimiento seguido por la Mesa Directiva para acordar la no sanción en estos casos; mientras que el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) señaló incongruencias en los criterios asumidos para definir la no sanción en estos procedimientos contra la Jefa de Gobierno y algunas personas legisladoras de MORENA.
Por su parte, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA) afirmó que la conducción de la Mesa Directiva en estos casos ha sido con responsabilidad, apertura a las diferentes posturas y apego a la legalidad. Asimismo, aseguró que no es posible establecer sanciones en estos casos al no existir una norma específica que marque las sanciones respectivas.
La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana) recordó que la Mesa Directiva es un órgano colegiado que debe tomar decisiones por consenso; y aseguró que existe jurisprudencia de que los congresos locales sí tienen facultades para sancionar a servidores públicos sin superior jerárquico.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) reconoció el trabajo de la presidencia de la Mesa Directiva y aseguró que el Congreso local es la instancia adecuada para modificar las leyes y establecer las sanciones para casos como estos.
Por su parte, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) destacó la importancia de evitar la violación de los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad, fundamentales para la democracia; y propuso brindar a la jefa de Gobierno la oportunidad de acudir al Congreso local para defenderse de estas acusaciones.
En su turno, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) señaló que estos comunicados ya no podían ser modificados y que sólo podrían ser retirados; y aseguró que el artículo 65 de la Constitución local define la facultad del Congreso para analizar la responsabilidad de cualquier servidor público electo democráticamente.
El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) señaló que es importante establecer las facultades plenas y precisas del Congreso local para sancionar conductas ilegales en diversos temas; ya que actualmente se carece de esa facultad sancionadora.
Por su parte, la diputada Martha Soledad Avila Ventura (MORENA) insistió en que el Congreso local no puede sancionar las conductas señaladas, al no existir sanciones específicas para éstas “no hay pena y no hay delito, si no hay ley”, además que aún existen instancias pendientes en resolver, por lo que las sentencias no están firmes.
Finalmente, la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña (PAN) señaló que se debe continuar impulsando las condiciones necesarias para la equidad en las contiendas electorales; y que este acuerdo genera un precedente negativo, al validar que se violente la ley.
Con relación a todas las intervenciones anteriores, el diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), aseguró que la conducta de la presidencia de la Mesa Directiva fue imparcial y el acuerdo fue resultado de la determinación de la mayoría, ya que las decisiones son tomadas en forma colegiada.
“Este Congreso de la Ciudad de México no cuenta con el respaldo de una norma que específicamente encuadre la sanción aplicable a la conducta de la infracción acreditada, de tal suerte que, respetando las garantías de legalidad y seguridad jurídica de las personas servidoras públicas (en este caso, el entonces diputado y la diputada anteriormente referidos), cuyos asuntos sean puestos a la vista de este Congreso de la Ciudad de México, por mandato jurisdiccional, resulta imposible imponerles una sanción al no encontrarse prevista en una norma con antelación pues de lo contrario ello implicaría un actuación arbitraria ajena a un estado de derecho”, señala el texto del primer acuerdo.
