La Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló la propuesta del diputado federal Jericó Abramo Masso (PRI) para sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.
“Esta iniciativa evitará que millones de familias caigan en las garras de estos agiotistas disfrazados de empresas y que son entes ilícitos que se dedican, bajo el idioma financiero, a prestar dinero con altas condiciones de crédito de casi el 250 por ciento de interés anual”, señaló el parlamentario en un comunicado.
Explicó que el atractivo de los fraudes radica en la rapidez para obtener los recursos vía trasferencia electrónica, motivo por el cual esta modalidad de préstamo y extorsión, conocida como “montadeudas”, ha tenido un crecimiento exponencial.
El legislador señaló que el problema es que el monto de la deuda del préstamo solicitado se vuelve impagable. Esto, anotó, da paso a la extorsión y cobranza ilegal, al amenazar al deudor con exhibir sus fotografías o llamar a sus contactos para cobrarles y difamarlas.
Agregó que su planteamiento para modificar el cuarto párrafo del artículo 284 Bis del Código Penal Federal, es producto de una demanda colectiva social a raíz de más de 500 mil fraudes detectados por diferentes instituciones.