En un paso significativo hacia la reforma del Código Penal, Puebla se aproxima a convertirse en el decimocuarto estado en México en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Esta decisión fue respaldada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local el 12 de julio, con cinco votos a favor, ninguna objeción y una abstención.
La sesión estuvo marcada por la controversia, con protestas de grupos opositores al derecho de decidir y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) expresando su desacuerdo. La discusión ahora pasa al pleno, programada para el 15 de julio.
Inicialmente, los legisladores del PAN y Morena, Mónica Rodríguez Della Vecchia y Fernando Sánchez Sasia, respectivamente, justificaron su ausencia, pero Sasia luego se sumó con una abstención, argumentando falta de información estadística sobre el tema.
El diputado panista José Miguel Espinosa expresó su oposición, criticando la falta de consulta adecuada con especialistas y la sociedad en general. Sin embargo, la sesión concluyó rápidamente con el apoyo de legisladores como Eduardo Alcántara, Silvia Tanús, Erika Patricia Valencia, Yolanda Gámez y Gerardo Rojas.
El gobernador electo, Alejandro Armenta, respaldó públicamente la despenalización previamente, influenciando la decisión de algunos legisladores. Edgar Garmendia, presidente del Congreso, también facilitó el consenso entre las bancadas, resultando en la modificación de varios artículos del Código Penal.
La reforma propuesta establece sanciones específicas para quienes realicen abortos después de las 12 semanas, así como protecciones adicionales en casos de violación, inseminación artificial no consentida o riesgo de vida para la persona gestante. Aunque aún no se garantiza el acceso al servicio en hospitales públicos, el estado ha habilitado siete instalaciones para este propósito, tras un amparo legal obtenido en 2023.
Esta medida, de ser aprobada en el pleno, marcará un avance significativo en los derechos reproductivos en Puebla, aunque persisten desafíos pendientes en cuanto a la implementación efectiva y el acceso equitativo a servicios de salud reproductiva.