Austeridad y Racionalidad, Claves del Presupuesto del Congreso de la CDMX para 2025
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 29 de noviembre de 2024 – El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo clave sobre los criterios que guiarán la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2025. Este proceso, crucial para definir las finanzas del órgano legislativo, tiene como base la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, principios establecidos por la Ley Orgánica de la Ciudad de México.
La presidenta del Comité, diputada Erika Lizeth Rosales Medina (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación), detalló que los documentos aprobados serán enviados a la Tesorería local, responsable de elaborar los anteproyectos de presupuesto, los cuales, después de su revisión, llegarán a la Junta de Coordinación Política para su discusión y posterior aprobación en el Pleno del Congreso.
Rosales Medina destacó que el presupuesto del Congreso no podrá exceder el 0.8% del total del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y que cualquier incremento deberá ajustarse a la tasa de inflación anual, conforme a los datos oficiales proporcionados por las autoridades competentes. Esto refleja un compromiso con las políticas de racionalidad y austeridad, tal como lo estipula el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
En la sesión, el congresista Jesús Sesma Suárez (PVEM) expresó su preocupación por los tiempos de entrega de la proyección presupuestaria, solicitando conocerlo a la mayor brevedad posible para facilitar la planificación. Por su parte, Andrés Atayde Rubiolo (PAN) subrayó la importancia de recibir la proyección antes de su presentación oficial, para permitir una mayor participación y proponer sugerencias que optimicen los trabajos del próximo año.
Con estos criterios establecidos, el Congreso de la Ciudad de México avanza hacia un proceso presupuestal que busca no solo cumplir con la ley, sino también garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
