CDMX 05/11/ 2021.- Integrantes de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Patricia Mercado, analizaron con el representante del Secretario General de Naciones Unidas para la Seguridad Vial, Jean Todt, las acciones legislativas que México ha realizado para reducir las muertes y lesiones que ocurren por accidentes de tránsito. 

 

En el encuentro, Patricia Mercado expuso que en esta Legislatura se busca expedir Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que ubica a las personas y a los sectores más vulnerables como el centro de su estructura e, incluso, pretende llegar a un registro de cero muertes por accidentes o colisiones viales. 

 

La legisladora indicó que, en el diseño de la legislación, también se está tomando en cuenta que no se invadan las competencias, gobernanza y decisiones de cada una de las entidades federativas, pero con el piso común, como el uso del casco, señalética, límites de velocidad, entre otros. 

 

Precisó que se contempla crear el Sistema Nacional de Movilidad, que conjuntaría a las dependencias y entidades involucradas, a fin de generar una política nacional de movilidad; una estrategia de movilidad y seguridad vial, a partir de la concertación de toda la Federación en ese sistema. 

  

Al presentar el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, 2021- 2030, Jean Todt destacó el compromiso de los gobiernos para resolver el problema de seguridad vial que empeora cada día. 

 

La meta de la acción global para la seguridad, dijo, es controlar las colisiones, lesiones y otros aspectos relativos a los choques, con un enfoque accesible y sustentable, al trabajar desde diversos frentes con vehículos, carreteras, velocidades seguras y con el manejo apropiado en las vías de comunicación. 

 

Subrayó que México debe contar con vehículos que tomen en cuenta estándares y normas seguras y limpias. 

 

Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador del Grupo Plural, dijo que, para cumplir con los objetivos de este plan, en el Senado está por aprobarse la regulación del espacio público, bajo la lógica de la civilidad democrática, que reconoce los derechos de quienes transitan por las calles y defiende a los sectores vulnerables.    

 

Se trata, agregó, de un proyecto que ha impulsado la sociedad civil y las víctimas, una reforma que garantizará el derecho una seguridad vial, “eso me parece un gran logro, es para salir de leyes que han regido el espacio público y que han representado más de seis mil muertes al año”. 

  

En tanto, Miguel Malo, asesor de prevención y control de enfermedades no transmitibles y de salud mental de la OPS/OMS, dijo que la preocupación es que no se ha alcanzado la meta de reducir a la mitad los siniestros y heridos por accidentes viales, a pesar de que la mayoría de este tipo de muertes pueden evitarse. 

 

Consideró urgente atender esta situación porque de no hacerlo, se convertirá en un serio problema de salud pública, con consecuencias sociales y económicas; incluso, puede impedir que se logren los objetivos del desarrollo sostenible de muchos países.  

 

Coincidió en que los esfuerzos que se deben plantear son garantizar una vía pública equitativa, que considere a los usuarios más vulnerables, fortalecer las leyes de seguridad de los vehículos y la atención posterior a los accidentes, así como promover transporte publico amigable al ambiente y accesible, y la planeación no motorizada, entre otros temas. 

 

La representante de la Coalición Movilidad Segura, Alejandra Leal, solicitó a las y los legisladores que se apruebe la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y que lo revisen en coordinación con municipios, estados y el gobierno federal, a fin de que se destine presupuesto y se regulen factores de riesgo. 

 

Es importante que todos legisladores y Grupos Parlamentarios atiendan y sepan que este movimiento es a nivel global y que detrás de él están organizaciones como la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, es un acompañamiento para que los países y otros actores desarrollen, implementen y evalúen acciones para cada uno de sus contextos, a fin de mejorar sistemática y metódicamente la seguridad de los sistemas de transporte por carretera durante la próxima década. 

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