Bolivia, 11 de noviembre del 2021.- El Gobierno de Luis Arce, que recién cumplió un año en el poder, enfrenta desde hace tres días un paro nacional convocado por la oposición, la misma que apoyó el golpe de Estado de 2019. Con los departamentos de Santa Cruz y Potosí como sus epicentros, los movilizados amenazan con “tumbar” al presidente elegido democráticamente, en caso de que no derogue la ley 1386, aprobada con mayoría parlamentaria oficialista.

Los comités cívicos de todo el país —que albergan a políticos y empresarios opositores al actual Gobierno— iniciaron el pasado 8 de noviembre un “paro cívico indefinido” hasta doblegar al presidente. La medida de fuerza, que hoy entra en su cuarto día, no se siente en La Paz. Pero sí en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, donde se registran cortes de ruta, cierre de comercios, enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y quienes quieren parar.
Hasta el momento, las peleas callejeras terminaron con un fallecido en la ciudad de Potosí, un joven campesino que defendía la gestión de Arce.
La ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, es utilizada como excusa por la oposición para afectar al Gobierno, manifestó el presidente boliviano.
“Somos un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Nunca vamos a hacer nada que afecte el bolsillo, la propiedad de nuestras hermanas y hermanos, de los más pobres, los más humildes. Olvídense hermanos”, dijo el presidente durante una reunión con campesinos de La Paz.
“¿Un hermano gremial que vende ahí sus dulcecitos creen que vamos a ir a afectarle? ¿Creen que vamos a decir que se ha hecho millonario? No es verdad eso”, evidenció Arce.
Las protestas contra su Gobierno son encabezadas por el sector gremial —el de los pequeños comerciantes— porque aseguran que la ley 1386 va a quitarles sus ganancias. Este rumor echaron a correr semanas atrás legisladores de la oposición y cívicos, quienes convencieron a algunos dirigentes de movilizarse.
El presidente también se pronunció sobre Basilio Titi, de 22 años, quien falleció en enfrentamientos con el Comité Cívico de Potosí (Comcipo). Arce indicó que el muchacho no pudo recibir atención médica inmediata porque los cívicos no permitieron el paso de ambulancias, lo cual propició su deceso.
El expresidente Evo Morales (2006-2019) se expresó en sus redes sociales: “Nuevamente el odio racista a nuestros hermanos indígenas causa muerte y dolor en el pueblo boliviano. Exigimos a las autoridades una investigación urgente para identificar y castigar a los responsables del fallecimiento de un joven a manos de grupos de choque”, escribió en Twitter.
“Este Gobierno incapaz ya se tiene que ir. En este año han demostrado que solamente buscan venganza por las muertes que ellos mismos se han ocasionado, como en Sacaba”, dijo la señora Laura a Sputnik durante la marcha multitudinaria realizada en la ciudad de Cochabamba por opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Ella, como todos los presentes, se mostró convencida de que las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019, fueron cometidas por los mismos campesinos, quienes se habrían ido armados y “se dispararon entre ellos”. Es el relato “oficial” del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020), que lideró la ejecución de estas masacres, tal como lo aclaró el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El GIEI fue creado a finales de 2020, a partir de un convenio entre el Gobierno de Áñez y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para indagar en las vulneraciones de derechos humanos cometidos durante ese periodo.

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