Por Juan Pablo Ojeda
Durante su conferencia matutina del 2 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Gobierno capitalino podría intensificar los operativos para combatir el contrabando en la Ciudad de México, luego de la reciente incautación de mercancía ilegal en la Plaza Izazaga 89, ubicada en el Centro Histórico.
“Son acciones que está tomando en este caso la Secretaría de Economía en coordinación con el Gobierno de la Ciudad. Si es necesario, seguirían [los operativos]”, comentó la mandataria, al referirse al tema de la lucha contra el contrabando y la piratería en la capital.
El pasado 28 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que autoridades locales y federales habían realizado un cateo en la mencionada plaza comercial, donde se incautaron 88 mil productos presuntamente ingresados ilegalmente al país. En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Ebrard precisó que las mercancías confiscadas serían destruidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
La intervención en Izazaga 89 forma parte de la estrategia federal y local denominada ‘Operación Limpieza’, cuyo principal objetivo es frenar la venta de productos de contrabando y asegurar la propiedad intelectual de las marcas afectadas. La operación involucra a diversas dependencias, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) y la Secretaría de Marina (Semar).
Además, Marcelo Ebrard anunció que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar el proceso de extinción de dominio de la Plaza Izazaga 89, dado que se considera un inmueble utilizado para la venta de mercancía ilegal, contrabando y piratería. Según la Ley Federal de Extinción de Dominio, este procedimiento es posible cuando un inmueble es utilizado para cometer delitos y el propietario tiene conocimiento de las actividades ilícitas sin haber alertado a las autoridades.
Esta denuncia llevó a la suspensión de las operaciones de la Plaza Izazaga 89 el sábado 30 de noviembre. Los más de 1,500 locatarios del centro comercial se vieron obligados a retirar su mercancía bajo la vigilancia de elementos policiales, mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.
