Consideran causa perdida pedir extradición del autor de tiroteo en El Paso

La demanda por terrorismo y solicitud de extradición del autor del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, que podría interponer el gobierno de México, no procederá porque jurídicamente no existen los elementos suficientes ni antecedentes para ello, coincidieron expertos.

“De antemano tiene que tenerse muy en claro que es emplear tiempo, dinero y esfuerzos para una causa que prácticamente está perdida”, aseguró Eduardo Rosales, internacionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con Notimex, enfatizó que la posibilidad de que proceda la extradición “políticamente no va a ser posible, y jurídicamente no hay los elementos suficientes”.

El experto sostuvo que además no hay antecedentes de que un ciudadano estadunidense que haya cometido un delito en ese país, haya sido extraditado a México ni a ningún otro país de América Latina.

El pasado lunes, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México participará en el proceso y posteriormente en el juicio de Patrick Crusiu, identificado por las autoridades estadunidenses como el autor del tiroteo en un centro comercial de Texas, “dado que hay ocho mexicanos que perdieron la vida”.

Señaló que el gobierno mexicano presentará un caso contra armas, “participaremos en investigaciones y en el juicio de este acto terrorista, además se integrará una carpeta de investigación en torno al terrorismo y no se descarta la solicitud de extradición, si el fiscal así lo decide”.

Sin embargo, para el internacionalista de la UNAM, estás acciones difícilmente procederán en el actual gobierno de Donald Trump, caracterizado por su aislacionismo, antiglobalización y por no reconocer la jurisdicción de otras instancias.

“No va a pasar la demanda, mucho menos la extradición”, independientemente de lo que diga la argumentación de las autoridades mexicanas, aseveró Eduardo Rosales.

Explicó que de acuerdo con el Artículo 4 del Código Penal Federal, para comprobar la demanda y potencial solicitud de extradición, el acusado debió encontrarse en México y no ser juzgado en Estados Unidos, además de que el delito en que incurrió tendría que ser considerado en ambos países.

De estos tres supuestos que marca la ley, dijo, sólo se cumple el último, lo que complica el tema y hace difícil que Estados Unidos permita que sea juzgado en México.

El experto subrayó que Patrick Crusiu también mató a ciudadanos estadounidenses, por lo que será juzgado por una corte de Texas, un estado que se ha caracterizado por su postura antimexicana.

A su decir, se trata de un tema con impacto mediático, en el que un juez estadounidense puede aceptar los términos de la demanda del gobierno de México, “pero procesarla es muy complicado, jurídicamente las causas de la extradición no son muy favorables”.

A su vez, el director de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, Tomás Milton Muñoz Bravo, destacó que las posibilidades de éxito de la extradición son mínimas, considerando antecedentes similares, como el del agente que disparó desde la frontera de Estados Unidos, hacia territorio mexicano y mató a un adolescente.

Dijo que a pesar de que existe una serie de convenios con la unión americana en la materia, en la práctica México es quien ha extraditado cuando lo ha pedido la autoridad estadunidense, a final de cuentas.

México pediría la extradición de una persona que cometió un delito en Estados Unidos y los traslados que se han logrado desde Estados Unidos hacia este país han partido de delitos que se han cometido en México, en la práctica son muy pocas las posibilidades de lograr la extradición, anotó.

El profesor e investigador del Centro de Relaciones Internacionales de la máxima casa de estudios mexicana mencionó que Estados Unidos es muy celoso cuando se trata de ejercer la justicia en su propio territorio.

Sobre el tema de las armas, explicó que hay dos vías: la diplomática y la presión pública que podría aprovechar el gobierno mexicano para ponerlo en la palestra y exigirle Estados Unidos que las armas de asalto no lleguen a este territorio.

Además de que México podría interponer una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, aunque corre el riesgo de enfrentarse a las autoridades estadunidenses y empeorar más la situación que se tiene hoy en día, “sostenida con alfileres”.

El gobierno mexicano también podría pedir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que haga un llamado a Estados Unidos para impedir que siga la operación de esta gran red de tráfico de armas de la unión americana hacia México, pero implicaría una confrontación directa con el gobierno de Trump.

Muñoz Bravo expresó también que el gobierno de México no ha dado visos de querer tener mayores enfrentamientos con Estados Unidos, incluso en temas que son relevantes para el propio interés nacional.

A su vez, Eduardo Rosales consideró que el tema de las armas, el cual siempre ha sido un dolor de cabeza para este país, también es una causa perdida para México ya que la Asociación Nacional del Rifle tiene gran influencia en la élite política y en el Poder Legislativo estadunidense.

En la Unión Americana hay 320 millones de armas, 130 mil armerías autorizadas, es decir, hay más armas que ciudadanos estadunidenses, y es un negocio sumamente lucrativo, de alrededor de 16 mil millones de dólares.

Destacó que este sector aporta dinero a las campañas de los republicanos, como en las elecciones de 2016, cuando la Asociación Nacional del Rifle –con cinco millones de afiliados- aportó 55 millones de dólares, y que son “potenciales simpatizantes de Donald Trump”.

Lamentablemente, expresó, Estados Unidos “no van a sacrificar un negocio de 16 mil millones de dólares al año, solo porque murieron unos cuantos estadunidenses, y ocho mexicanos”, de acuerdo con la percepción pública norteamericana.

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