La condena a la insensibilidad mediática es válida, pero no limpia las fallas estructurales que provocaron la tragedia ferroviaria.

Por Bruno Cortés

El reciente descarrilamiento y la posterior conferencia matutina han abierto dos debates paralelos que, aunque conectados, no deben confundirse: la ética periodística frente al dolor de las víctimas y la responsabilidad estatal en la seguridad del transporte. Si bien la crítica presidencial hacia la publicación de imágenes explícitas por parte de ciertos rotativos señala una falta de tacto y «humanidad» condenable, este señalamiento no tiene la capacidad de borrar el hecho generador de la crisis: la falla en la infraestructura pública.

Es imperativo distinguir la naturaleza de las responsabilidades. Los medios de comunicación operan bajo políticas editoriales privadas y códigos deontológicos cuyo incumplimiento deriva en una sanción moral y de credibilidad ante sus lectores. Sin embargo, el gobierno opera bajo mandatos constitucionales y políticas públicas cuya ejecución defectuosa deriva en pérdidas humanas y daños patrimoniales. La «vileza» de una fotografía, por reprobable que sea, no descarrila un tren; la falta de mantenimiento, la supervisión inadecuada o la gestión de recursos, sí.

Enfocar la discusión pública únicamente en la cobertura mediática corre el riesgo de crear una cortina de humo sobre las causas raíz del siniestro. La exigencia de respeto a la dignidad de las víctimas es justa y necesaria, pero incompleta si no viene acompañada de una rendición de cuentas transparente sobre las condiciones técnicas que permitieron el accidente. La sociedad merece medios que no revictimicen, pero fundamentalmente exige un Estado que garantice que sus ciudadanos lleguen con vida a su destino. La narrativa sobre la ética de la imagen no puede sustituir a la narrativa sobre la eficacia de la gestión pública.