Derechos humanos capitalina resalta aplicación de Pacto de San José

CDMX a 18 de Julio de 2017.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció la importancia de la Convención Americana en la materia como norma vigente en el sistema jurídico mexicano y el impacto favorable de su aplicación que ha tenido en los años más recientes, en materia de derechos humanos.

En el marco del 48 aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como Pacto de San José, indicó que constituye el eje principal del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

Ello, al consagrar derechos como la vida, la integridad y libertad personal, la igualdad ante la ley, la protección judicial, la propiedad privada, el derecho de reunión, circulación y residencia, derechos políticos, derechos de la niñez, principio de legalidad y de no retroactividad y libertad de asociación.

Además, la libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, a la honra y dignidad, a no ser sometida a esclavitud y servidumbre, entre otros.

El instrumento, realizado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor el 18 de julio de 1978, establece también las obligaciones de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”.

Así como atender las resoluciones derivadas de los casos de violaciones de derechos humanos sometidos ante la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En México, la Convención fue adoptada el 24 de marzo de 1981. Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la contradicción de tesis 293/2011, estableció que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, como en el Pacto de San José, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional.

Por ello, se encuentran insertos dentro del orden jurídico nacional, en consonancia con las Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011. No obstante, las restricciones a los derechos humanos, contenidas expresamente en la Constitución Federal, prevalecen sobre la norma convencional.